La Policía detiene a un asesor de la Diputación de Valencia y a un alto cargo de la empresa pública provincial Divalterra (la antigua Imelsa) junto al presidente de la corporación, el socialista Jorge Rodríguez, en el marco de la operación Alquería.
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Policía Nacional han trasladado al presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, a la sede de la corporación provincial para seguir los registros por la operación Alquería sobre corrupción.
La comitiva policial ha llegado poco antes de las 20 horas a la plaza de Manises, donde se ubica la Diputación de Valencia, en cuatro vehículos, en uno de los cuales iba Jorge Rodríguez y en otro Ricard Gallego, su jefe del Gabinete.
Ambos habían sido trasladados desde Ontinyent, donde habían asistido a un registro en el Ayuntamiento que ha durado unas seis horas, desde las 12 a las 18 horas.
La operación Alquería, por la que ha sido detenido Rodríguez, ha supuesto la detención de otras cinco personas, entre ellas el jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Ricard Gallego, y los gerentes de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra, Agustina Brines y Javier Simó, según han confirmado a Efe fuentes cercanas a la investigación.
Las diligencias declaradas secretas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia se abrieron por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos el pasado mes de mayo tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.
El juzgado investiga irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra y se han practicado registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes del Ayuntamiento de Ontinyent, la sede social de Divalterra y viviendas particulares de los detenidos.
En el dispositivo, que se ha activado a las 7.30 horas con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
Rodríguez, considerado un ‘renovador’ del PSPV
Rodríguez abanderaba hasta hoy y con 39 años uno de los frentes renovadores del socialismo valenciano y presentaba una imagen dialogante tanto como alcalde de su Ontinyent natal como presidente de la Diputación de Valencia.
El portavoz también de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE que lidera Ximo Puig, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) y ha cursado también estudios de Medicina, según figura en su biografía oficial. Fue portavoz local del PSPV de Ontinyent desde 2007 y llegó a la alcaldía en 2011 con el apoyo de los concejales socialistas, de Compromís y de Esquerra Unida, mientras en las elecciones locales de 2015 logró la mayoría absoluta, con un 63 % de los votos.
Ese año, el llamado Pacto del Botánico entre el PSPV, Compromís y Podem para formar gobierno en la Generalitat -los terceros como apoyo parlamentario- permitió también cambiar de signo político la dirección de la Diputación de Valencia.
Su detención como la de al menos otras dos personas, se produce en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en contratos de alta dirección en Divalterra a raíz de una denuncia presentada por CS en torno a la gestión de esta empresa, que se está convirtiendo en un problema irresoluble para la Diputación, independientemente de los colores que la gobiernen.
El 14 de julio de 2015, el alcalde de Ontinyent se convirtió en el presidente de la corporación provincial más joven de su historia gracias al apoyo de Compromís, València en Comú (la marca local de Podem en Valencia) y Esquerra Unida. En su toma de posesión, dijo que desde la Diputación se iniciaba un tiempo de «consenso» y de «diálogo», y destacó la necesidad de «pasar página» ante los entonces aún recientes escándalos de corrupción que afectaban a esta institución, pero «sin olvidar para no volver a cometer los mismos errores».
Ha abanderado la ejecución de la ley de memoria histórica en la provincia, sobre todo en el cementerio de Paterna, donde en estos tres años se han sucedido las excavaciones para intentar encontrar en varias fosas los restos de decenas de represaliados del franquismo.
Maldita hemeroteca
Apenas diez días antes de su detención acusado de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, el presidente de la Diputación valoraba así la condena a cuatro años de prisión de Ricardo Costa, político del Partido Popular y exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana: «Esta sentencia demuestra que el PP lo que hizo fue llevarse el dinero a manos llenas de la Diputación, de la Generalitat y resto de instituciones (…). No solo ha costado muchos disgustos y vergüenzas a los valencianos, sino también mucho dinero a los ciudadanos». Parece que, presuntamente, las vergüenzas en la Comunidad Valenciana no las causa el Partido Popular en exclusiva.
