Iñigo Irún, abogado del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi y los otros cuatro condenados y encarcelados por el caso Bateragune, ha afirmado que estos han sido víctimas de «maltrato procesal y condena irregular», por lo que estudia pedir indemnización económica. Además, cree que cabe una reparación económica por los daños causados, pero previamente el Tribunal Supremo debe declarar que ha habido error judicial.
Iruin ha realizado estas declaraciones después de que el Tribunal Constitucional haya otorgado amparo a Otegi, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez, Rafa Diez Usabiaga y Sonia Jacinto, condenados por el caso Bateragune —de reconstrucción de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna—, y haya rechazado la repetición del juicio al que fueron sometidos porque vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, al no poderse juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el letrado ha considerado que el TC, en su resolución rechazando la pretensión de repetición de juicio del Tribunal Supremo, ratifica, por segunda vez, que «estos cinco independentistas vascos fueron procesalmente maltratados e irregularmente condenados».
A su juicio, esta sentencia «supone dejar constancia de que en dos ocasiones el TS ha vulnerado sus derechos«, la primera en el año 2012, con la primera resolución que ratificó la condena de la Audiencia Nacional y que fue tumbada por el Tribunal de Estrasburgo; y la segunda en diciembre de 2020, «que ahora se anula y que acordaba la celebración del segundo juicio». «El varapalo al Tribunal Supremo en esta causa es de cierta relevancia», ha asegurado.
En todo caso, el abogado ha rehusado referirse a este como un caso de ‘lawfare’, que sí ha defendido Arnaldo Otegi. No obstante, ha señalado que, «si algún órgano jurisdiccional del Estado nace con genes de lawfare, es la Audiencia Nacional», que se creó en 1977.
«Creo que la historia de ese tribunal lo pone de manifiesto y, quienes mejor conocemos eso, somos precisamente los abogados vascos que hemos estado trabajando durante todas estas décadas allí», ha añadido.
Indemnización económica «por daños»
Iñigo Iruin ha explicado que, tras concluir el proceso ante el Constitucional, analizará la posibilidad de solicitar una indemnización económica. «Entendemos que hay una responsabilidad patrimonial del Estado y un derecho a reclamar los daños que se han causado por lo que entendemos que ha sido un error judicial», ha subrayado.
El abogado ha dicho que es «muy consciente» de que la doctrina del TS y el TC sobre «el error judicial es muy estricta», ya que establece que sea «patente, manifiesto, evidente y notorio», lo que supone que «el recorrido sea muy estrecho».
Iruin entiende que «hay base suficiente para hacer esta reclamación patrimonial», y que se tiene que presentar en la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, competente para su resolución.
«En este momento, ha habido una reparación, que es la que el Tribunal Supremo no quería, que es la de no celebrarse un segundo juicio porque, como dice el Tribunal Constitucional, eso sería un gravamen desproporcionado para quienes ya han cumplido literalmente la condena», ha manifestado.
Por ello, estima que ahora tiene que haber «una reparación de naturaleza económica», pero eso requiere que, previamente, el Tribunal Supremo declare que ha habido un error judicial.
También se ha referido a quienes consideran que el Constitucional se ha excedido en sus funciones al corregir al Supremo, ha subrayado que, «si hay algún órgano que se ha excedido y que ha distorsionado de manera arbitraria una decisión de otro tribunal, es precisamente el TS».
