El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, podría verse obligado a devolver el dinero de las hasta ahora más de dos millones de multas interpuestas desde la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en diciembre de 2021. Todo depende del futuro fallo judicial sobre la legalidad de estas restricciones de tráfico, actualmente en el aire tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la ordenanza reguladora y que el Ayuntamiento recurrió poco después.
La capital de España, pionera junto a Barcelona en la implementación de estas áreas de circulación restringida, se enfrenta a un panorama legal complejo. Mientras que en Barcelona la ZBE ha quedado paralizada durante meses por resoluciones judiciales contrarias, Madrid ha optado por reinventar su modelo, modificando incluso su denominación y diseño tras una sentencia que cuestionó su validez.
Las dudas jurídicas no son menores. Uno de los principales argumentos empleados por los tribunales para tumbar las ZBE madrileñas es la ausencia de un análisis económico que evaluase el impacto real de la medida sobre la ciudadanía. Además, las críticas apuntan a que este tipo de restricciones, lejos de beneficiar al conjunto de la población, penalizan especialmente a quienes tienen menos recursos, al impedirles circular con sus vehículos antiguos y no poder permitirse uno nuevo. De ahí que algunas resoluciones hayan calificado la medida como “socialmente discriminatoria”.
Desde colectivos como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) se advierte que los conductores que hayan sido sancionados tienen base legal suficiente para reclamar, ya sea que hayan abonado la multa o no. Sin embargo, quienes opten por presentar recurso tras el pago perderán el descuento del 50 % por pronto pago. “Es una decisión personal, pero el margen legal para impugnar existe”, señalan desde la organización.
Mientras se espera la resolución del recurso presentado por el consistorio —que podría tardar más de un año en conocerse—, el Ayuntamiento ya ha dejado caer que trabaja en una nueva versión de las Zonas de Bajas Emisiones, por si las actuales acaban siendo definitivamente anuladas.
La implantación de las ZBE, una de las políticas urbanas más controvertidas de los últimos años, fue impulsada inicialmente bajo el mandato de la exalcaldesa Manuela Carmena y ha sido continuada por el actual equipo de gobierno con modificaciones. Aunque el objetivo declarado es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, su ejecución ha generado una fuerte contestación, tanto ciudadana como legal.
