El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha levantado, con un vídeo en las redes sociales, la polémica: bolsas negras al aire libre y rotas, con cráneos y restos óseos en descomposición en el cementerio más antiguo de Sevilla, el de San Fernando.
Sanz visitó el pasado viernes las instalaciones del camposanto donde, además de la suciedad, la falta de mantenimiento y el mal estado de algunas calles con lápidas destrozadas, hay sacos con restos humanos acumulados o esparcidos por el suelo. «El alcalde de Sevilla no puede consentir estas condiciones indignas, insalubres e infrahumanas en el cementerio de Sevilla ni puede permitir esta situación tan desagradable», declaró Sanz. «Es una auténtica falta de respeto hacia los sevillanos y hacia los trabajadores, que llevan años denunciando esta indigna situación, pero el gobierno municipal del PSOE hace caso omiso, no se preocupa de lo que está pasando en nuestra ciudad», concluyó.
Lo que no aclaró el exalcalde de Tomares, un pueblo muy cercano a Sevilla, es que los huesos desparramados por el suelo se corresponden a los no identificados como represaliados por el franquismo nada más concluir la Guerra Civil. Los trabajos de excavación en busca de los fusilados en Pico Reja, una fosa próxima al cementerio, se iniciaron el 20 de enero de 2020 y concluyeron el 21 de febrero de este año, con todos los honores propios de la memoria histórica, banderas republicanas incluidas.
La delegada de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento sevillano, Sonia Gaya, afirmó que los restos humanos del cementerio que aparecen «corresponden a personas no represaliadas ni identificadas que han sido exhumadas de la fosa común de Pico Reja y depositados en un espacio acotado, reservado y sin acceso al público, en bolsas cerradas y debidamente cubiertas con lonas, para incinerarse de forma progresiva al tratarse de una gran cantidad de restos».
Sonia Gaya ha lamentado el «bulo generado» por el candidato del PP, «la irresponsabilidad» de sus declaraciones y el «desprecio» al trabajo de Aranzadi y de la plantilla del cementerio de San Fernando. «Es un espacio cerrado y, por tanto, restringido al público. Tan sólo tiene acceso el personal del cementerio, que deposita allí los citados restos, que previamente ha almacenado la empresa encargada de los trabajos de exhumación de la fosa común de Pico Reja, en bolsas cerradas», ha aclarado Gaya en una nota de prensa remitida por el Consistorio hispalense.
Aranzadi es la empresa adjudicataria de las excavaciones de la memoria histórica. Tiene una dilatada experiencia en procesos de exhumación a lo largo de toda España y según recoge la web del propio Ayuntamiento, «deberá desarrollar, con las máximas garantías de rigor científico, las prospecciones, recogidas en superficie, excavaciones en la fosa, exhumaciones y recuperaciones de cuerpos. La empresa adjudicataria, asimismo, tendrá que preservar y custodiar, también con todas las garantías científicas, las muestras de los restos óseos y las muestras biológicas que se tomen a los familiares hasta su entrega a la Universidad de Granada para la identificación genética».
La delegada Gaya se pregunta cómo el candidato del PP local «ha accedido allí, cómo ha abierto las bolsas, y sobre todo, cómo puede una persona que pretende ser representante de los ciudadanos utilizar los citados restos haciéndole creer a los sevillanos que esos son los de sus seres queridos». «Para colmo, juega de muy mala fe con los sentimientos de las personas en su desesperada campaña electoral, en la que no todo vale. Los sevillanos tienen que saber que el trato respetuoso que se les otorga a los seres queridos en el cementerio nada tiene que ver con las mentiras y falsedades que propaga el PP, jugando con el dolor de la gente», ha abundado.
Después de un «profundo trabajo de memoria democrática», aquellos restos que no revelaban signos de represión ni han sido reclamados, han sido depositados en bolsas «debidamente cerradas y protegidas mediante lonas cubiertas» para iniciar el procedimiento de reducción a cenizas, que «se combina» con las tareas diarias propias del personal del cementerio de San Fernando, ha concluido Gaya.
Cristina Peláez, candidata de VOX para ocupar la alcaldía sevillana, considera que este hecho es «muy lamentable; hay restos de primera categoría y de segunda; nosotros no nos oponemos a que se dignifique a los represaliados por el franquismo, pero no a costa de los que no lo fueron, que permanecen a la intemperie sin consideración alguna». Peláez cree que el actual alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, «debe tomar de forma urgente cartas en el asunto e incinerar esta ignominia». «No se puede escudar en la falta de personal o que hay dos hornos crematorios deficientes», concluye la cabeza de lista para las próximas elecciones municipales en la capital hispalense de la tercera fuerza política en Andalucía.
El servicio técnico contratado mediante licitación pública para esa exhumación e identificación genética ha incluido un historiador, cinco profesionales de Antropología Forense y Antropología Física y cinco de Arqueología, así como diez personas auxiliares de apoyo. El importe total de esta operación ha sido de 1,21 millones de euros. De ellos el Ayuntamiento de Sevilla ha pagado 680.000 euros, mientras que la Junta de Andalucía y la Diputación 265.000 euros cada una.
Restablecer la fosa a su estado original
En el programa de la memoria histórica estaba contemplado el restablecimiento de la fosa a su estado original después de las excavaciones. Sobre los identificados había que respetar el deseo de las familias. En cuanto a los no identificados, serían los familiares los que tenían que expresar la intención de permanecer en el mismo lugar de origen. Si así fuere, se inhumarán en un lugar autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para poder llevar a cabo posteriores comprobaciones. Tras finalizar los trabajos, se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de la fosa común de Pico Reja. La empresa deberá presentar una propuesta de reconstrucción del espacio que incluya un columbario de homenaje a las víctimas. Según la investigación, a 31 de septiembre de 2022, y una vez culminados los trabajos de exhumación, se habían localizado 1.718 restos de personas con evidentes indicios de haber sido represaliadas. Otras 4.237 seres humanos inhumados en ataúdes, 2.480 en desconexión anatómica y 165 restos aislados. La cifra total que aporta la empresa vasca Aranzadi son 8.600 cuerpos.
