El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para proteger el denominado monumento a Franco tras la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de fecha 28 de agosto, por la que se resuelve el recurso de alzada contra su inclusión en el catálogo memoria democrática, que abre la puerta a su retirada.
El escrito recoge que la «ejecución material» de la resolución conlleva un «perjuicio irreparable o de muy difícil reparación» si se realiza la demolición del monumento, lo que justifica la suspensión de los actos de forma cautelar.
Así, expone que el Monumento a la Victoria es una construcción de grandes dimensiones, una fuente escultórica con una base de granito que conforma un estanque ovalado de unos 30 metros de diámetro, cerrado en su parte posterior por un talud, igualmente, de granito de 30 metros de largo por 11 metros de alto, en el que se insertan 9 pilastras, de 14 metros.
En el centro del estanque se sitúa un pedestal de piedra volcánica, sobre el que se eleva la escultura de bronce sobre armadura de hierro de un ángel con alas extendidas de 8 metros de longitud y, sobre ella, otra figura de cuatro metros de altura, siendo la altura total de unos 13 metros.
El conjunto ocupa una superficie aproximada de 770 metros cuadrados y se sitúa en la confluencia de las dos arterias principales de circulación del centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife: la Rambla de Santa Cruz y la Avenida Francisco La Roche (más conocida como Avenida de Anaga).
El consistorio cree que la retirada del monumento conlleva la realización de obras de «gran envergadura», que no sólo supondrán importantes molestias para la ciudadanía, corte de la circulación por ejemplo, sino que también implica un cambio radical en la fisonomía de la ciudad, siendo «imprescindible» la replanificación del espacio en el que se ubica la fuente, y la implantación de los elementos que sustituyan al conjunto monumental.
Igualmente apunta que el desmantelamiento y almacenaje del monumento supone un «elevado coste económico» que deberá ser asumido por la tesorería municipal y no se deriva solo de las tareas propias de la retirada del espacio público, sino también de la obligación de liberar espacios municipales para el depósito y custodia en los términos exigidos en la resolución.
El Ayuntamiento entiende que también hay que considerar el «riesgo de derrumbe» del muro de contención del acuartelamiento de Almeyda, que es colindante con el conjunto escultórico.
