El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un primer pronunciamiento en el que denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría la «abolición» del Estado de Derecho.
«El CGPJ expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», alerta.
Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la declaración finalmente ha salido adelante con los votos de sus 8 promotores —los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona-.- más el de su compañero Wenceslao Olea, también del bloque conservador.
Aunque sólo hacían falta ocho votos, han conseguido sumar a Olea modificando el texto original. El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, —también en la órbita conservadora, aunque amigo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska— ha optado por votar en blanco. En su caso, redactará una explicación de voto donde evidenciará que no está de acuerdo con la amnistía pero que cree conveniente esperar a que haya una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.
Además, Guilarte aducirá que «el debate debiera quedar residenciado en el terreno estrictamente político, al que el CGPJ debiera permanecer ajeno», recalcando que su objetivo es «buscar consensos para la renovación del Consejo», estimando que la declaración aprobada no ayuda a lograrlo.
Por su parte, los cinco vocales izquierdistas que han asistido al Pleno han votado en contra. El sexto integrante de este bloque, Álvaro Cuesta, no ha acudido al cónclave al considerar que era «manifiestamente ilegal» porque su finalidad es contraria «al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales» del CGPJ.
Su ausencia ha allanado la aprobación de la declaración institucional, ya que la ha hecho posible únicamente con los votos de los ocho promotores. De haber acudido, habrían sido necesarios al menos nueve.
«Constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales»
El CGPJ ha explicado que había mantenido «una actitud de prudente expectativa», que decidió abandonar después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, rompiera su silencio el 28 de octubre afirmando «dos cosas»: «la primera, que efectivamente ha pactado una ley de amnistía» y, «la segunda, que la medida se adoptará en ‘interés de España’ para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral».
Para el CGPJ, «la concesión de una amnistía en nuestro actual sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de Derecho», apuntando en particular a «las graves consecuencias que tiene en la misma configuración del Poder Judicial».
Quiere dejar claro que «no discute las potestades de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes para realizar cuantas propuestas de leyes consideren pertinentes», pero subraya que «tampoco puede aceptar que se acometa una iniciativa que cercene de una forma tan ostentosa los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial».
Y es que razona que «una ley de amnistía como la anunciada por el presidente del Gobierno en funciones tan sólo puede tener por objeto dejar sin efecto las decisiones —generalmente en sentencias— adoptadas por los tribunales con relación a los mencionados hechos», decisiones que —defiende— se han tomado con «pulcritud procesal».
En otras palabras, las Cortes vendrían a incidir en el Poder Judicial, en lo que comporta «una invasión inadmisible» de las funciones que la Carta Magna reserva a los tribunales de justicia, señala el CGPJ.
