El Congreso va a rechazar por «improcedente» el conflicto de atribuciones esgrimido por el Senado a cuenta de la Ley de Amnistía. Y es que los servicios jurídicos de la Cámara creen que no hay cauce para que la Mesa que preside Francina Armengol pueda retirar una ley aprobada en el Pleno.
Con la mayoría absoluta del PP, el Senado envió un requerimiento al Congreso para que retire la Ley de Amnistía. Aunque la Cámara baja tenía hasta mayo para responder, la Mesa va a aprobar este mismo martes su respuesta con los argumentos de los servicios jurídicos. Será negativa, según confirman fuentes parlamentarias.
En su informe, los letrados del Congreso subrayan que la Cámara Baja ha ejercido sus atribuciones «en los términos constitucional y reglamentariamente establecidos». También que ahora es el turno del Senado, conforme a las competencias que le otorga la Constitución. A su juicio, «el Senado no puede intentar subvertir las atribuaciones legítimamente ejercidas por el Congreso». Además creen que el planteamiento del conflicto por parte de la Cámara Alta «supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso».
Los servicios jurídicos recalcan que las votaciones en el Congreso «no son objeto idóneo» de un conflicto de atribuciones. Además, creen que si veían conflicto, debieron recurrir los siguientes 30 días, pero ahora ya está «fuera de plazo».
En todo caso, los letrados del Congreso se reafirman en su informe inicial de noviembre que avaló la tramitación de la iniciativa legislativa. Entonces alegaron que las dudas de constitucionalidad que pudieran existir no eran tan «palmarias» como para vetarla ignorando el derecho de los parlamentarios a discutirla. En su opinión, declarar la inconstitucionalidad de una iniciativa no es labor de la Mesa del Congreso ni de su homóloga del Senado, sino del Tribunal Constitucional.
Tampoco acepta el argumento del Senado de que debió tratarse como una reforma constitucional. Y ve como una «clara injerencia» que el Senado cuestione la constitucionalidad de la tramitación parlamentaria. «La función de controlar cómo ha aplicado su Reglamento el Congreso corresponde en su caso al TC». «No pudiendo el Senado asumir funciones de fiscalización de otros órganos constitucionales», subrayan.
