El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por VOX contra un decreto ley del Gobierno de Canarias aprobado durante la pandemia, que incluía restricciones vinculadas a la emergencia sanitaria. El fallo, adoptado por unanimidad, marca un precedente al establecer que ciertos derechos fundamentales no pueden ser limitados mediante esta vía legislativa, incluso en situaciones de alerta por motivos de salud pública.
Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la prohibición de condicionar el acceso a un empleo a la vacunación contra la Covid-19. El tribunal considera que imponer esta exigencia vulnera el derecho a la integridad física, ya que cualquier intervención médica requiere del consentimiento del afectado. Así, anula los artículos que supeditaban la contratación laboral a haberse vacunado o a haberse sometido a pruebas diagnósticas o de detección.
La sentencia aclara que, aunque la norma impugnada no imponía de forma expresa la vacunación obligatoria ni la realización forzosa de test, sí establecía consecuencias legales derivadas de la negativa a someterse a estas actuaciones sanitarias. Entre ellas, la imposibilidad de acceder a determinados puestos de trabajo. Para el Constitucional, esta condición ejerce una presión indirecta sobre la voluntad de la persona, y por tanto supone una limitación inconstitucional al derecho a decidir libremente sobre su propio cuerpo.
El pronunciamiento, redactado por la magistrada Laura Díez, integrante del ala progresista del tribunal, también censura otros aspectos del decreto canario, como las medidas de confinamiento y aislamiento, al entender que estas afectan a la libertad personal. Según el alto tribunal, el hecho de que estas restricciones puedan imponerse de manera coactiva impacta directamente sobre la autonomía de movimiento, lo que excede los márgenes permitidos para un decreto ley, instrumento reservado para situaciones de necesidad urgente pero con limitaciones respecto a los derechos fundamentales.
