En un Sistema Nacional de Salud (SNS) al límite por listas de espera interminables y déficits presupuestarios persistentes, datos oficiales del Ministerio de Sanidad destapan una carga colosal en recursos públicos para población con país de nacimiento «desconocido»—categoría que suele englobar a inmigrantes en situación ilegal, según fuentes consultadas del INSS—.
La Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) de 2024 registra con precisión más de 3.400.000 de personas en esta categoría que obtuvieron recetas médicas y más de un millón fueron derivadas a especialistas hospitalarios. Estas cifras provienen de una muestra ponderada de 13.111.394 historias clínicas anonimizadas, elevada a la población total con Tarjeta Sanitaria Individual (cerca de 47 millones), y evidencian un descontrol que se agravará con el real decreto aprobado ahora por el Gobierno para que todos los ilegales accedan a la sanidad.
La BDCAP, base oficial del Ministerio de Sanidad, recopila datos anonimizados de atención primaria, con variables como país de nacimiento («desconocido» para registros ausentes, frecuente en inmigrantes ilegales). Según información estadística consultada por LA GACETA directamente en el portal del Ministerio, el informe sobre utilización de medicamentos crónicos detalla un uso masivo de recursos sin cotizaciones previas. Para recalcar la escala.
El Real Decreto 180/2026, aprobado el 11 de marzo y publicado en BOE, intensifica el problema al reducir barreras con una simple «declaración responsable». Sin embargo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, admitió en declaraciones recogidas por LA GACETA que es «complicado estimar el número de personas que ahora podrán tener acceso en aquellas CCAA que lo estaban dificultando de manera sistemática» y que no se ha realizado un cálculo preciso del impacto en beneficiarios ilegales, dejando en evidencia una ausencia de planificación que podría disparar los costes.
Esta admisión resalta la contradicción; mientras BDCAP documenta millones de dispensaciones y derivaciones en «desconocido», el Gobierno admite no conocer este dato preciso del impacto. La realidad es siempre la misma: los españoles esperan meses mientras se desvían recursos a no contribuyentes.
Como ejemplo paradigmático del descontrol en regiones de primera llegada, el caso de Canarias —ya publicado en LA GACETA— ilustra cómo el fenómeno se agrava en fronteras marítimas. Inmigrantes ilegales acceden a dispensación farmacéutica con copago reducido o exento en pleno colapso del sistema sanitario insular, incluso sin haber cotizado a la Seguridad Social ni poseer tarjeta sanitaria plena en muchos casos.
Fuentes sanitarias locales denuncian que esta prestación se aplica automáticamente una vez acceden a consultas no emergentes, subsidiando tratamientos crónicos o especializados con cargo a los impuestos de los canarios y de los españoles en general. Este trato, similar al de rentas bajas contributivas, indigna especialmente en un contexto de presión migratoria extrema. Profesionales del sector reportan que en islas como Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura las consultas de inmigrantes procedentes de centros de acogida superan en volumen a las de pacientes locales en ciertos periodos, desviando recursos esenciales mientras las listas de espera para cirugías o especialistas se alargan para residentes.
