El Defensor del Pueblo ha considerado que el Estado puede arrebatar animales exóticos legales criados en cautividad a sus dueños en una resolución a raíz de la petición de la Sociedad Herpetológica Valenciana, que afirma que la mal llamada Ley de Bienestar Animal incurre en «inconstitucionalidad», y las quejas de un sector —conformado por criadores y dueños de animales, y aglutinado en la asociación FAUNA— que se siente «maltratado» por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Así, la entidad, que está dedicada al estudio y protección de los reptiles y anfibios en todas sus vertientes (salud, medio ambiente, cautividad…) y a fomentar el conocimiento de los mismos, alega que el criterio de exclusión del listado de animales de compañía de la norma supone una modificación del modelo vigente hasta ahora, que permitía la tenencia y el comercio de cualquier especie exótica. «No es
lógica ni congruente con la Directiva de Aves ni con la Directiva de Hábitats ni con los Reglamentos de la Unión Europea», sostiene.
En este sentido, agrega que el artículo 36 y la disposición transitoria segunda de la Ley «incurren en arbitrariedad», y que la disposición al prever la intervención de animales cuya tenencia era legal hasta su entrada en vigor vulnera el principio de irretroactividad de las leyes contenido en el artículo 9.3 de la Constitución.
En su resolución, el Defensor del Pueblo rechaza la arbitrariedad y afirma que en los últimos años se ha producido una proliferación de normas estatales y autonómicas sobre bienestar animal «y dirigidas a restringir la tenencia de animales exóticos (…) que gozan de amparo constitucional».
