El empresario Julio Martínez Martínez, una de las piezas centrales del denominado caso Plus Ultra, ocultaba entre 300.000 y 400.000 euros en metálico en su domicilio cuando fue detenido por la Policía el pasado mes de diciembre en Madrid. La intervención de esa elevada cantidad de efectivo se produjo en el marco de una investigación judicial que continúa bajo secreto y que apunta a una compleja red de intermediaciones, pagos y operaciones financieras de origen cuestionado.
Según publica El Mundo, durante su comparecencia ante agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Martínez explicó que el dinero procedía de la venta de un inmueble cuyos ingresos no declaró a Hacienda, además de diversas operaciones de carácter familiar. El empresario negó de forma tajante que los fondos tuvieran un origen ilícito y decidió no responder a otras cuestiones hasta que se levante el secreto del sumario y conozca con detalle los delitos que se le atribuyen.
Martínez fue contratado por la aerolínea Plus Ultra hace al menos seis años para ejercer como intermediario ante altos cargos del régimen venezolano. Su cometido consistía en resolver incidencias relacionadas con la operativa de la compañía en Venezuela, desde gestiones con Aduanas hasta trámites vinculados al transporte de repuestos para las aeronaves. Fuentes próximas a estas operaciones señalan que también exploró oportunidades de negocio en el sector aéreo, por lo que habría percibido una remuneración cercana a los 500.000 euros.
Este papel convirtió al empresario alicantino en un gestor clave para la aerolínea en un entorno especialmente complejo, dada su capacidad de interlocución con altos jerarcas chavistas. Tanto desde su entorno como desde la propia compañía se insiste en que los servicios prestados fueron reales y relevantes. Ambas partes niegan que Martínez tuviera conocimiento previo de la operación policial que condujo a su detención.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga en estos momentos a Plus Ultra, rescatada durante la pandemia con 53 millones de euros públicos por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, así como a sus principales directivos y a su asesor. La causa se instruye por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todos los investigados permanecen en libertad con medidas cautelares.
El núcleo de la investigación se sitúa en una serie de préstamos concedidos a la aerolínea por el financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por las fiscalías suiza y francesa por su presunta implicación en una trama internacional de lavado de fondos vinculada a Venezuela. En plena negociación del rescate público y con la empresa al borde de la quiebra, Plus Ultra recurrió a Verhoeven como prestamista, aceptando intereses del 9% y una comisión adicional del 2%.
Los fondos llegaron a través de distintas sociedades off shore, entre ellas Valerian Corporation Limited, con sede en Gibraltar, así como las británicas Wailea Invest y Allpa Wira. La Policía Judicial considera que estas operaciones podrían encajar en una dinámica de blanqueo, al entender que el dinero prestado tendría su origen en actividades ilegales desarrolladas en Venezuela. Esta línea de investigación alcanza al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y a su principal ejecutivo, Roberto Roselli, detenidos también en esta causa.
Martínez ha negado cualquier vinculación con estos préstamos y rechaza haber realizado transacciones con las citadas sociedades o con sus responsables. Ya manifestó su sorpresa por los motivos que llevaron a la Policía a su arresto.
El denominado caso Plus Ultra también ha salpicado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama lo señalaran por supuestas presiones para facilitar el rescate público. Zapatero ha rechazado de plano estas acusaciones y asegura no haber intervenido ante autoridad o funcionario alguno, al tiempo que califica esas afirmaciones de «deplorables falsedades».
Por su parte, Aldama, que colabora con la Fiscalía Anticorrupción, ha ido más lejos y ha afirmado que el exasesor de Ábalos, Koldo García, le habló de una supuesta comisión de 10 millones de euros en Panamá como contraprestación del rescate. García no ha desmentido estas afirmaciones y ha sembrado dudas sobre el patrimonio del expresidente socialista.
Zapatero sí ha reconocido haber cobrado de Martínez a través de la sociedad Análisis Relevante por «servicios profesionales» anteriores a la pandemia, definidos como «consultorías globales«. No ha precisado las cantidades ni el contenido concreto de esos trabajos, aunque ha reivindicado su trayectoria internacional y su derecho a prestar asesoramiento a empresas privadas. También ha negado tener cuentas en el extranjero y ha limitado su patrimonio a un solar en Madrid y un bungalow en Lanzarote.
