El Gobierno de Pedro Sánchez otorgó 8.129 permisos de residencia a supuestas víctimas de violencia de género o sexual en 2024 y otros 6.491 en lo que va de 2025, según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión con motivo del 25-N. Unas cifras que el Ejecutivo presenta como un avance en derechos, pero que desde sectores críticos se interpretan como una vía cada vez más utilizada para ampliar de facto la nacionalización de extranjeros bajo un paraguas ideológico difícilmente verificable.
El departamento que dirige Elma Saiz ha defendido estas concesiones como parte de su política «feminista», asegurando que la lucha contra la violencia es uno de los ejes de su acción de gobierno. Sin embargo, la utilización sistemática de esta fórmula para regularizar personas vuelve a abrir el debate sobre si se está desnaturalizando la finalidad de estas medidas para convertirlas en un instrumento político de ampliación del censo protegido por el Estado.
El ministerio subraya que el nuevo Reglamento de Extranjería ha flexibilizado de forma notable los mecanismos para acreditar la condición de víctima, lo que facilita el acceso tanto al permiso de residencia como a autorizaciones de trabajo por «circunstancias excepcionales». Entre los cambios introducidos figura también la posibilidad de reagrupar a padres e hijos, además de incluir por primera vez a las víctimas de violencia sexual dentro de este régimen.
Para sus detractores, esta ampliación de supuestos no responde sólo a una finalidad humanitaria, sino que forma parte de una estrategia más amplia de ingeniería social mediante la cual el Gobierno estaría incorporando nuevos beneficiarios al sistema con expectativas claras de fidelización electoral. Una política que, según estas críticas, presenta un elevado riesgo de fraude, indefinición jurídica y uso partidista de una tragedia real.
A esta línea se suma además el futuro Reglamento de la Ciudadanía Española en el Exterior, aún en tramitación, que incluirá medidas específicas para facilitar el retorno y la protección de españolas residentes fuera del país que aleguen situaciones de violencia, así como asesoramiento institucional para ellas y sus hijos. Otro paso más, según los mismos sectores, en el uso expansivo del concepto de «protección» con consecuencias directas en el padrón y en el sistema de ayudas públicas.
Mientras el Gobierno reivindica estas cifras como un éxito de su política de igualdad, la oposición y una parte de la sociedad cuestionan que se esté utilizando una causa incuestionable como la violencia contra la mujer para justificar un modelo de regularización masiva, con impacto directo en el equilibrio demográfico y electoral del país.
