El Gobierno de Sánchez ha concedido la nacionalidad española a 170 descendientes de los miembros de las Brigadas Internacionales, una decisión que será formalmente aprobada ayer martes en el Consejo de Ministros. La medida, enmarcada en la Ley de Memoria Democrática, busca reconocer la contribución de aquellos voluntarios extranjeros que participaron en la Guerra Civil española en defensa de la República pese a que estaban bajo amparo de la Unión Soviética.
El propio presidente del Gobierno anunció esta iniciativa durante el acto de conmemoración del «Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura», celebrado el pasado viernes en el Auditorio Nacional de Música. En su intervención, Pedro Sánchez destacó que los descendientes habían solicitado este reconocimiento «conforme a lo dispuesto en la ley» y subrayó que «será un honor llamarles compatriotas».
El jefe del Ejecutivo aprovechó la ocasión para reivindicar el compromiso del Gobierno con la memoria histórica y con la defensa de los valores democráticos en un contexto internacional que, según dijo, vive «tiempos de amenaza e involución».
Entre los años 2009 y 2013, un total de 23 brigadistas internacionales obtuvieron la nacionalidad española por carta de naturaleza en aplicación de la normativa anterior. Según datos del Ministerio de Justicia, 19 de esas concesiones se produjeron en 2009, una en 2010, dos en 2011 y otra en 2013.
Fuentes del Ejecutivo recuerdan que el Código Civil permite otorgar la nacionalidad por real decreto cuando concurren «circunstancias excepcionales», sin necesidad de que el beneficiario renuncie a su ciudadanía original. En este caso, dichas circunstancias se aplican no sólo a los voluntarios que combatieron en España, sino también a sus descendientes, siempre que puedan demostrar una dedicación continuada a la difusión de la memoria de sus antepasados y a la defensa de la democracia.
Además, el Gobierno prevé aprobar antes de que finalice noviembre un nuevo real decreto que fijará el catálogo oficial de símbolos y elementos considerados «contrarios» a la Memoria Democrática. La norma obligará a las administraciones a retirar de manera definitiva vestigios del régimen franquista de calles, plazas y edificios públicos. «Sin excusas y sin demoras», enfatizó Sánchez durante su discurso.
