La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de Canarias ha incrementado más de ocho veces la partida destinada a la asistencia jurídica «gratuita» que brindan abogados a los inmigrantes que llegan ilegalmente al Archipiélago Canario. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad informó que este aumento se produjo entre el tercer y el cuarto trimestre del pasado año, elevando el presupuesto de 68.138 a 563.944 euros para los cuatro colegios profesionales de abogados en las islas.
El 21 de octubre del año pasado, Marta Bonnet, directora de Relaciones con la Administración de Justicia, dictó una instrucción que estableció los criterios para aplicar el módulo del turno especial de extranjería, conforme a la orden del 17 de mayo de 2019. Esta regulación buscaba asegurar que los abogados en Canarias ofreciesen una atención adecuada a los inmigrantes que entrasen de forma ilegal al territorio nacional a través de las costas del Archipiélago.
Según Bonnet, la emergencia humanitaria que afecta a Canarias desde 2020, debido a un aumento en la llegada de extranjeros, reveló la necesidad de aplicar el turno especial de extranjería para garantizar la asistencia jurídica «a estas personas vulnerables». La instrucción estableció que los colegios de abogados en Canarias recibiesen compensaciones diarias, calculadas por grupos de personas asistidas según los tramos definidos en la Orden de 17 de mayo de 2019.
El importe máximo diario a percibir pasó a ser de 942 euros, siempre que se asistiese, al menos, a 13 personas, garantizando así el número necesario de abogados para proporcionar una atención adecuada. La compensación económica a cada colegio se distribuyó entre los abogados que hubiesen prestado asistencia en el turno especial de extranjería en el día de la entrada irregular.
Teresa Hernández, una de las abogadas implicadas, comentó al diario El Confidencial que, tras recibir la notificación del Colegio de Abogados vía WhatsApp, disponen de media hora para organizar el viaje, alquilar un coche y confirmar su disponibilidad para la guardia. Al llegar a la isla, los abogados se dirigen al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, donde participan en la lectura de derechos y, con la ayuda de intérpretes, notifican las órdenes de devolución y dialogan con los inmigrantes para conocer sus circunstancias.
Hernández resalta que, debido a que muchas embarcaciones llegan de noche, los abogados suelen trabajar jornadas maratonianas, a veces excediendo los límites permitidos, para proporcionar una atención personalizada. Cada abogado asiste a un máximo de seis inmigrantes por día de guardia, y los gastos se facturan trimestralmente cuando el Gobierno de Canarias libera los fondos para abonar el servicio de defensa letrada.
En cuanto al proceso judicial, cada expediente puede extenderse entre ocho meses y un año y medio. Por cada persona asistida, se pagan 52 euros, y hay juicios programados para principios de 2025 de inmigrantes que llegaron en septiembre del año pasado. Este largo proceso evidencia la complejidad y el compromiso de los abogados que participan en el turno especial de extranjería. De hecho, el Gobierno está empezando a no pagar debido a que el número de expedientes se han multiplicado con la llegada de cada vez más inmigrantes ilegales.