La vorágine regulatoria sigue expandiéndose en España, alcanzando ahora el insólito terreno de las flores y plantas en los centros sanitarios. Esta semana se ha dado a conocer que el Ejecutivo de Cantabria, liderado por la popular María José Sáenz de Buruaga, ha suscrito un «acuerdo» con el que pretende imponer un «protocolo detallado» para regular la introducción de arreglos florales en hospitales y clínicas.
El anuncio ha sido hecho a través de un comunicado emitido conjuntamente por distintas dependencias del Gobierno autonómico. En concreto, son las Direcciones Generales de Salud Pública y de Comercio y Consumo las responsables de esta nueva normativa, elaborada en colaboración con la Asociación Cántabra de Empresas Floristas (ACEF).
El texto introduce una serie de requisitos que complican la simple acción de llevar un ramo de flores a un enfermo. Entre las nuevas imposiciones se encuentran la «trazabilidad obligatoria con etiquetado«, «estrictos requisitos fitosanitarios» y la obligatoriedad de emplear «envoltorios impermeables que impidan la pérdida de tierra«.
Además, la normativa del Gobierno cántabro también se atreve a «limitar el tamaño de los arreglos florales» bajo la excusa de «no afectar a la convivencia en los centros sanitarios». Como si esto fuera poco, también se ha impuesto una «permanencia máxima de las flores, plantas o arreglos sin ser regados, fijada en cuatro días«.
Una de las disposiciones más sorprendentes es la obligación de que los clientes «informen a la floristería si el destinatario se encuentra en un área restringida por la Ley de Protección de Datos». Con esto, los floristas se verán obligados a desempeñar funciones de control administrativo adicionales, dificultando aún más la entrega de un simple ramo.
En el comunicado remitido a los medios, el Ejecutivo de Cantabria presume de que la región es «pionera» en esta «autorregulación exigente» y augura que «servirá de modelo para otras comunidades autónomas». Sin embargo, la realidad es que se trata de una muestra más de la creciente intromisión de la administración en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Lo que debería ser un simple gesto de atención y apoyo se ha transformado en un laberinto burocrático que perjudica tanto a los ciudadanos como a los comerciantes del sector.
