El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, adjudicó en 2024 un contrato público por 76 millones de euros a Servinabar 2000 SL, empresa en la que el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, poseía un 45 % del capital. Según ha desvelado el diario El Mundo, el Ministerio de Transportes incorporó al expediente un informe de forma irregular y fuera de plazo.
Miembros de la mesa de contratación han calificado esta adjudicación como un «claro trato de favor». La decisión fue cuestionada en el Parlamento foral, aunque desestimada por la mayoría que apoya a Chivite, y finalmente censurada por la Cámara de Comptos. Según fuentes de la mesa, «prácticamente todo lo que podía torcerse, se torció» para beneficiar a una empresa que nunca tuvo más de diez empleados.
El presidente de la mesa, Jesús Polo, esperó a que el resto calificara las ofertas antes de inclinar la balanza con su voto y rechazó que lo sustituyeran pese a las críticas. Las evaluaciones fueron mayormente «descriptivas» y no valorativas, pese a que se sabía que Servinabar carecía de experiencia suficiente. Además, la falta de pruebas sobre la solvencia técnica provocó un tenso cruce de correos entre Polo y otros miembros, que temían incurrir en prevaricación.
No obstante, en lugar de solicitar documentación adicional, Polo reinterpretó los datos de manera cuestionable. Finalmente, se presentó un informe que atribuía a Acciona trabajos por 77 millones en Monrepós, aunque lo entregaron con dos meses de retraso. Por otro lado, la Cámara de Comptos censuró esta irregularidad y advirtió que todos los miembros debían contar con la misma información para garantizar la imparcialidad, lo cual no se cumplió.
