«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Para «la detección de desinformación en edades tempranas»

El Gobierno de Mañueco (PP) adjudica 15.000 euros a Maldita.es para dar cursos en aulas de preescolar en Castilla y León

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Europa Press

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha adjudicado un contrato de 14.999 euros a la Fundación Maldita.es para desarrollar un proyecto educativo centrado en el pensamiento crítico dirigido a alumnos de educación primaria durante el curso 2025-2026, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El encargo, tramitado por la Consejería de Educación mediante la fórmula de contrato menor, tiene como objetivo la realización de actividades formativas en centros educativos de la comunidad autónoma. La licitación fue resuelta con un único licitador presentado y sin financiación procedente de fondos europeos, con un importe final de adjudicación de 14.876 euros.

De acuerdo con la información oficial, el servicio se encuadra dentro del ámbito educativo y está clasificado bajo el código CPV correspondiente a servicios de enseñanza. El procedimiento utilizado ha sido ordinario y con presentación electrónica de ofertas, dentro del marco habitual de contratación pública para iniciativas de menor cuantía económica.

La adjudicación ha generado críticas desde sectores políticos y mediáticos que cuestionan la elección de la entidad adjudicataria por su línea editorial y su relación con proyectos periodísticos de verificación —vinculados a la izquierda—. Desde estas posiciones se señala que la fundación mantiene vínculos con profesionales del ámbito mediático, mientras que desde el entorno del Gobierno autonómico defienden que el proyecto responde únicamente a criterios educativos y técnicos orientados a fomentar el análisis crítico entre los estudiantes.

El contrato forma parte de las iniciativas impulsadas por la Junta para introducir programas relacionados con la alfabetización mediática y la detección de desinformación en edades tempranas (eligiendo de forma subjetiva qué es desinformar), una línea que distintas administraciones públicas han incorporado en los últimos años dentro de sus planes educativos. Entretanto, el debate político continúa abierto en torno al papel de las organizaciones dedicadas a la verificación de contenidos y su participación en proyectos financiados con recursos públicos.

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