El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado financiar públicamente el medicamento Leqembi (lecanemab), el primer fármaco aprobado en Europa capaz de ralentizar la progresión del Alzheimer en sus fases iniciales. La decisión fue tomada entre el 14 y el 16 de abril de 2026 por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM), dependiente del Ministerio de Sanidad, alegando «criterios de racionalización del gasto público». El tratamiento, desarrollado por Eisai y Biogen, reduce en torno a un 27-30% el deterioro cognitivo en pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve, según los ensayos clínicos que llevaron a su autorización por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en 2025.
Leqembi se administra por vía intravenosa cada dos semanas y requiere controles médicos periódicos para detectar posibles efectos secundarios, como inflamación cerebral. Su precio ronda los 24.000 euros anuales por paciente, un coste que el Gobierno considera inasumible para el Sistema Nacional de Salud ante el elevado número de potenciales beneficiarios. En España se estima que hay entre 800.000 y 900.000 personas afectadas por Alzheimer, aunque sólo una fracción se encuentra en las fases tempranas en las que el fármaco ha demostrado eficacia. La CIPM argumenta que el impacto presupuestario sería «desproporcionado» y que deben priorizarse terapias con mejor relación coste-beneficio.
La noticia ha generado una ola de críticas por parte de asociaciones de pacientes y familiares. La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) y la Fundación Pasqual Maragall han calificado la decisión de «bochornosa» y «un paso atrás en la atención a una enfermedad neurodegenerativa que afecta a cientos de miles de españoles». Estas entidades exigen al Ejecutivo que rectifique y retome las negociaciones con la farmacéutica para lograr un precio más accesible o condiciones de financiación condicionadas. Por su parte, fuentes de Sanidad han confirmado que las conversaciones con Eisai continúan y no descartan una eventual revisión si se alcanzan acuerdos económicos.
España no es el único país europeo que ha tomado una decisión similar. Francia también ha rechazado por ahora la financiación pública de Leqembi por motivos económicos idénticos, mientras que otros Estados miembros evalúan caso por caso. En el ámbito internacional, un fármaco similar de la farmacéutica Lilly (donanemab, comercializado como Kisunla) se encuentra en fase de evaluación regulatoria y podría seguir el mismo camino en los próximos meses.
El rechazo llega en un momento en que el envejecimiento de la población española hace del Alzheimer una de las principales prioridades sanitarias. Expertos consultados coinciden en que, aunque Leqembi no es una cura, representa un avance significativo en el tratamiento de la enfermedad. La pelota queda ahora en el tejado del Gobierno: si las negociaciones prosperan, miles de pacientes podrían acceder al tratamiento; de lo contrario, el acceso quedará restringido a quienes puedan pagarlo de forma privada.
