El Gobierno de Pedro Sánchez va a derogar la sedición, el delito que llevó a prisión a los líderes del golpe separatista del 1-O y por el que el Tribunal Supremo reclama al prófugo Carles Puigdemont. Pretende sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados, que se penará con condenas de entre tres y cinco años de cárcel, un castigo contemplado en el Código Penal de forma similar para aquel que incendie «montes o masas forestales» o para el que dañe vías férreas.
La proposición de ley orgánica de PSOE y Unidas Podemos en la que se propone la derogación contempla penas de tres a cinco años de prisión para quienes, actuando en grupo, ejecuten actos de violencia o intimidación con el fin de afectar gravemente el orden público. Una derogación que constituye el complemento perfecto a los indultos concedidos a los golpistas, porque sólo así pueden reducirse sus penas de inhabilitación, y es una invitación al secesionismo a volverlo a hacer.
En concreto, la reducción de penas que plantea el Ejecutivo, que responde a las exigencias de ERC, implica pasar de los 15 años de cárcel máximos que se contemplan en la actualidad a cinco, y de los 10-15 años de la pena de inhabilitación que establece la ley hoy a entre seis y ocho, lo que podría suponer que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, pudiera presentarse a las próximas elecciones.
La derogación beneficiará al prófugo Carles Puigdemont, procesado por este delito y por el de malversación, no solo porque ya no se le podrá juzgar por ese tipo penal, sino porque el delito alternativo ideado por La Moncloa reduce las penas. Así, la prescripción pasará de los 20 a los 10 años… y transcurrido ese tiempo, la responsabilidad penal habrá expirado.
El instructor del caso todavía aguarda a que los cinco procesados por el 1-O que siguen huidos -Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig y la dirigente de ERC Marta Rovira- regresen a España para poder continuar el procedimiento contra ellos.
El beneplácito de Iglesias y la reacción de VOX
La enésima cesión al separatismo, una amnistía encubierta, cuenta con el beneplácito del exvicepresidente del Ejecutivo Pablo Iglesias, que ha tildado de «avance democrático» la supresión. «Es bueno que deje de existir ese delito (…), pero lo que no tendría sentido es que aparecieran tipos nuevos que sirvieran para criminalizar la protesta social», ha dicho, antes de participar en un acto público para presentar su libro «Medios y Cloacas» en Sevilla.
Además, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha celebrado que el delito de sedición «quede eliminado». «Es un paso indispensable en la desjudicialización (…), una mejora para el conjunto de personas represaliadas (sic)», ha aseverado. Sin embargo, ha insistido en que todavía queda «camino por recorrer» y ha subrayado que trabajará «para ampliar los acuerdos» con el Gobierno socialcomunista.
Por su parte, el líder de VOX, Santiago Abascal, ha calificado de «traidor» a Pedro Sánchez, una opinión que ha compartido el secretario general de la formación y presidente del grupo parlamentario VOX en el Parlament, Ignacio Garriga.
Abascal también ha recordado que VOX fue el único que votó a favor en la moción de censura de hace dos años. «Este presidente ilegítimo y autócrata amenaza la libertad, la seguridad, la prosperidad, la economía, la convivencia y la unidad. Por eso (…) planteamos una moción de censura. El PP y Cs votaron para mantener a Sánchez», ha dicho. En esta línea, el vicepresidente de VOX Javier Ortega Smith ha señalado que derogando el delito de sedición el Gobierno «arma con gasolina a los golpistas» y alienta que se cometa un nuevo golpe de Estado en Cataluña.
