El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asumió todos los gastos generados durante la estancia de José Luis Ábalos y su séquito en el parador de Teruel los días 15 y 16 de septiembre de 2020, en plena pandemia de la covid.
Durante aquellas jornadas, varios empleados del establecimiento aseguraron que se celebró una fiesta con prostitutas, que habría acabado con destrozos en las suites ocupadas por responsables del ministerio. El Ejecutivo y el director del parador, Joaquín Gutiérrez, lo niegan y mantienen que no ocurrió nada excepcional.
El asunto llegó al Congreso el pasado abril, cuando el Grupo Parlamentario VOX pidió al Gobierno el detalle de los gastos de alojamiento, consumiciones y posibles desperfectos. La respuesta, conocida ahora, no ofrece cifras concretas, pero sí confirma que fue el propio ministerio el que se hizo cargo de todas las facturas: «Los gastos del ministro y su equipo, al ser un viaje oficial en desempeño de sus funciones, corrió a cargo del Ministerio de Transportes», señaló. En la práctica, la fiesta de Ábalos fue abonada con los impuestos de los ciudadanos.
Documentación oficial a la que tuvo acceso The Objective revela que aquella noche también se alojó la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, con una factura de 77 euros. En cambio, el entonces ministro de Transportes registró un gasto muy superior: 1.150 euros, cifra que después su departamento rebajó a 292,12 euros.
La Guardia Civil investiga si parte de las dietas declaradas por Ábalos y su equipo en distintos viajes oficiales pudieron usarse como sobresueldos encubiertos, al detectar indicios de un posible uso indebido del sistema de reembolsos.
Según los registros, el ministerio reservó ocho habitaciones a través de El Corte Inglés. Ábalos se alojó en la suite 101, con capacidad para seis personas. El director del Parador sostiene que el exministro fue el único huésped de la habitación y que «no hubo reuniones», aunque reconoce que no existen cámaras que permitan comprobar quién entraba o salía.
El Gobierno insiste en que «no se produjeron desperfectos», a pesar de los testimonios de los trabajadores y de la existencia de una carta, confirmada por el Partido Popular, que pedía guardar silencio sobre lo ocurrido. El Ejecutivo evita dar explicaciones en sus respuestas parlamentarias y se limita a afirmar que «no le consta» que los hechos sucedieran.
