El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dirigido por José Manuel Albares, destinará 800.000 euros a fundaciones vinculadas a partidos políticos con representación en el Congreso para financiar proyectos de «promoción global de la democracia» alineados con la Agenda 2030.
La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que las asociaciones dependientes de partidos políticos soliciten las ayudas a partir de este viernes y durante un plazo de 20 días.
La cuantía máxima por fundación será de 500.000 euros. Las subvenciones deberán destinarse a actividades relacionadas con la participación e igualdad de las mujeres, la igualdad de oportunidades, la igualdad social y el impulso del Estado de Derecho en países considerados prioritarios por el Plan Director de la Cooperación Española.
Entre esos territorios figuran Iberoamérica, el Norte de África, Oriente Próximo y África Subsahariana, zonas habituales de actuación de la cooperación española y también espacios donde el Gobierno busca proyectar su agenda ideológica bajo el lenguaje de la democracia, la igualdad y el desarrollo sostenible.
Según la convocatoria, los proyectos deberán enmarcarse en actividades destinadas a impulsar la Agenda 2030 y la promoción de sistemas democráticos. Entre las iniciativas financiables se incluyen conferencias, encuentros, seminarios, talleres, jornadas de análisis, debates, publicaciones y materiales audiovisuales.
Los eventos podrán recibir fondos siempre que se celebren en países definidos como prioritarios por el Plan Director o cuenten con representantes procedentes de esos países, ya sea como ponentes, conferenciantes o panelistas.
En el caso de publicaciones y materiales audiovisuales sobre cooperación para el desarrollo sostenible, deberán incluir un plan de difusión en uno o varios países prioritarios. Las actividades que no estén directamente vinculadas a los objetivos establecidos por Exteriores quedarán excluidas del proceso de valoración.
El procedimiento comenzará con una evaluación técnica, aunque la convocatoria introduce un criterio político de peso: se tendrá en cuenta la representación parlamentaria del partido del que dependa la fundación solicitante. El resultado de la valoración técnica se multiplicará por el número de escaños del grupo parlamentario vinculado al proyecto.
En la práctica, el sistema favorece a las fundaciones relacionadas con partidos de mayor representación en el Congreso, que podrán optar con más fuerza a fondos públicos destinados a proyectar en el exterior los objetivos ideológicos de la cooperación española.
