El Gobierno de Pedro Sánchez destina entre 20.000 y 25.000 euros sólo en el coste de transporte de cada patera que intercepta en aguas del Atlántico rumbo a Canarias, según estimaciones basadas en el consumo de combustible, operatividad de tripulaciones y desgaste de la maquinaria naval.
A esa cifra hay que sumar el uso de medios aéreos —especialmente helicópteros Helimer—, que elevan significativamente el gasto: cada hora de vuelo cuesta entre 6.000 y 10.000 euros, lo que sitúa el coste de un rescate completo en el entorno de los 30.000 a 40.000 euros por operación, sin incluir aún el dispositivo sanitario y logístico que se activa a la llegada de los inmigrantes a puerto.
Esta realidad económica forma parte de un complejo engranaje institucional sostenido por Salvamento Marítimo (Sasemar), una entidad pública que opera las 24 horas del día para cubrir una de las zonas de salvamento más amplias del planeta. La zona SAR española en el Atlántico triplica la superficie del propio territorio nacional y llega hasta las costas de Mauritania y Senegal.
Sólo en 2023, se contabilizaron más de 1.200 intervenciones vinculadas a inmigración irregular en la ruta canaria, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Cada actuación implica movilizar embarcaciones de gran porte, helicópteros, personal médico, seguridad y equipos portuarios, en operaciones que, además de logísticamente complejas, son financieramente muy costosas.
Entre 2020 y 2023, el Estado ha inyectado cerca de 770 millones de euros en subvenciones a Sasemar. Cada año, el Ministerio de Transportes ha transferido alrededor de 190 millones de euros a este organismo para sostener su estructura: personal, combustible, mantenimiento y renovación de flota. A ello se suma el esfuerzo inversor previsto en el nuevo Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2025-2027, aprobado recientemente en Consejo de Ministros.
Dicho plan prevé una inyección de 162,7 millones de euros durante tres años, centrada en modernizar la flota y ampliar la capacidad operativa. Las medidas incluyen la construcción de nuevas guardamares, remolcadores, embarcaciones rápidas, adquisición de drones, mejora de sistemas de navegación y un nuevo centro de coordinación en Palma de Mallorca. Además, se destinarán 27 millones a la compra de un helicóptero de gran tamaño. Parte de esta inversión estará financiada por el Banco Europeo de Inversiones.
El mantenimiento de la flota también representa un coste considerable. Por ejemplo, solo el buque Polimnia —implicado en numerosos rescates— requirió más de 98.000 euros en tareas de revisión y reparación en 2023. Las varadas programadas del resto de embarcaciones supusieron cerca de 1.88 millones de euros ese mismo año. En cuanto a los helicópteros Helimer, su mantenimiento absorbió 3.5 millones en ese mismo ejercicio.
Sin embargo, el esfuerzo económico no termina en alta mar. Una vez los inmigrantes son desembarcados, se activa un segundo nivel de costes: atención médica de urgencia, identificación policial, derivación a centros de acogida, trámites administrativos y, en muchos casos, traslados a la península. Estos servicios son asumidos por otros ministerios, como Interior e Inclusión, y suponen un sobrecoste de miles de euros por cada grupo rescatado.
Por tanto, más allá del debate político sobre la inmigración, lo cierto es que la presión en la ruta atlántica está obligando al Estado a destinar cada año decenas de millones de euros sólo en operaciones de rescate. Si se calcula un coste medio de 35.000 euros por intervención y se multiplica por las más de mil registradas en 2023, el presupuesto absorbido exclusivamente por Salvamento Marítimo supera los 35 millones, sin contar con los recursos posteriores destinados a acogida, sanidad y derivación.
