El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha destinado más de 5,2 millones de euros a contratos vinculados a la lucha contra la corrupción en Mozambique. Las adjudicaciones, iniciadas en 2022, forman parte del programa «Apoyo al combate a la corrupción en Mozambique» y han sido gestionadas por la Oficina Técnica de Cooperación española en el país africano.
Según los expedientes publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y analizados por The Objective, la AECID ha puesto en marcha cinco contratos relacionados con este proyecto. En 2022 se formalizaron dos adjudicaciones y en 2023 otras dos, que sumaron 2,9 millones de euros. En 2026 se ha adjudicado un nuevo expediente por 1,13 millones.
El esquema elegido por Exteriores responde a un modelo de gestión externalizada. Es decir, la Administración no ejecuta directamente buena parte de las actuaciones, sino que recurre a terceros para tareas de coordinación, seguimiento, comunicación, planificación, evaluación, supervisión y asistencia técnica. La propia documentación oficial alude a la falta de medios internos, lo que convierte la contratación externa en una pieza central del programa.
El caso vuelve a situar bajo el foco el uso de fondos públicos en proyectos internacionales mientras España afronta graves problemas internos de vivienda, presión fiscal, deterioro de servicios públicos y endeudamiento. Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, la cooperación exterior se ha convertido en una de las vías habituales de gasto, muchas veces articulada mediante subvenciones, contratos técnicos y programas de difícil evaluación para el contribuyente.
Los contratos para combatir la corrupción en Mozambique también muestran un sistema de adjudicación en el que pesan especialmente los criterios cualitativos frente al precio. La experiencia del equipo, la metodología o la capacidad de gestión concentran buena parte de la puntuación, lo que amplía el margen de discrecionalidad y reduce la presión competitiva en contratos que se repiten sobre un mismo programa.
El proyecto acumulaba retrasos de hasta 24 meses antes de su reactivación, lo que llevó a utilizar la asistencia técnica como fórmula para reconducir su ejecución y cumplir con compromisos adquiridos con la Unión Europea. En la práctica, los contratos no sólo sirven para desarrollar el programa, sino también para sostener su viabilidad operativa.
Este modelo no es aislado dentro de la cooperación española. Distintos análisis han señalado problemas recurrentes de planificación, fragmentación del gasto y debilidad en los mecanismos de control. La sucesión de contratos para funciones similares refleja una estructura en la que el dinero público se canaliza a través de capas de gestión antes de traducirse, si lo hace, en resultados concretos sobre el terreno.
El Tribunal de Cuentas también ha advertido en fiscalizaciones recientes de carencias en la gestión de la AECID, con deficiencias en la planificación estratégica, debilidades en los sistemas de seguimiento y una limitada evaluación de resultados. Sus informes han señalado dificultades para medir el impacto real de las actuaciones financiadas y para comprobar si los fondos ejecutados cumplen de forma efectiva los objetivos previstos.
A ello se suma el bajo grado de cumplimiento de las recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas, situado en torno al 30%, lo que evidencia una limitada capacidad para corregir las deficiencias detectadas en la gestión del gasto público. En un ámbito como la cooperación internacional, donde los proyectos se desarrollan lejos del control directo de los ciudadanos españoles, esta debilidad adquiere especial relevancia.
El alcance del gasto no se limita a los grandes contratos de asistencia técnica. La cooperación española también ha financiado actuaciones complementarias vinculadas a Mozambique, incluidas subvenciones cercanas a 80.000 euros para producciones audiovisuales. Aunque estas partidas tienen un peso menor dentro del conjunto, reflejan la dispersión de fondos en múltiples instrumentos no siempre conectados de forma directa con los objetivos estructurales del programa.
