El Gobierno de Pedro Sánchez ha movilizado 7.050.000 euros en ayuda humanitaria para Palestina, Líbano, Mali y Níger, en una nueva partida de gasto exterior canalizada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa Mundial de Alimentos. La medida forma parte del paquete de 10 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril.
Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, la distribución contempla 500.000 euros para Palestina, 700.000 euros para Líbano, 2,8 millones para Mali y 3,05 millones para Níger, concretamente para la crisis alimentaria en la región de Tillabéri. El Ejecutivo sostiene que estas aportaciones buscan atender «necesidades urgentes de seguridad alimentaria» en varios contextos de crisis.
La decisión vuelve a reflejar la prioridad internacional del Gobierno en plena legislatura marcada por el aumento del gasto público, la presión fiscal y el deterioro de servicios básicos en España. Mientras miles de familias afrontan el encarecimiento de la vivienda, la cesta de la compra y los suministros, el Ejecutivo socialista insiste en multiplicar partidas de cooperación exterior bajo el paraguas del multilateralismo.
Exteriores ha justificado el desembolso por el agravamiento de las crisis en Oriente Medio y en el Sahel, así como por la vulnerabilidad de países como Líbano, Mali y Níger. El departamento de Albares también ha alegado el impacto de las disrupciones en el tráfico marítimo internacional, que dificultarían la circulación de bienes esenciales para la agricultura y la provisión de asistencia humanitaria.
El Gobierno asegura que estos fondos permitirán reforzar la respuesta humanitaria, mitigar el impacto de la inseguridad alimentaria y garantizar el acceso a alimentos y medios de subsistencia para poblaciones vulnerables. Sin embargo, la nueva movilización de dinero público vuelve a situar en el centro del debate la política de gasto exterior de Sánchez, especialmente cuando el Ejecutivo exige nuevos esfuerzos fiscales a los contribuyentes españoles.
