Nueva ofensiva gubernamental contra el sector primario español. En esta ocasión, un agricultor catalán ha sido multado y amenazado con nuevas sanciones que podrían superar los 30.000 euros por colocar carteles junto a una carretera, reutilizar cajas para vender fruta y comercializar manzanas consideradas «feas» o de segunda categoría.
El afectado es el ingeniero agrícola Pere Puigbert, quien denunció públicamente en RAC1 la presión burocrática y normativa que, a su juicio, está asfixiando a agricultores y ganaderos. El caso ha provocado indignación entre numerosos profesionales del campo, que consideran que las administraciones persiguen con dureza a pequeños productores mientras permiten otras actividades mucho más controvertidas.
Puigbert explicó que uno de los expedientes abiertos contra él tiene relación con varios carteles instalados junto a la vía pública para anunciar su tienda agrícola. Según relató, la administración le ha dado apenas diez días para retirarlos alegando que se encuentran en zona rústica y podrían distraer a los conductores. Si no cumple la orden, se expone a otra multa de 10.000 euros, que se suma a las sanciones previas que ya acumula.
El agricultor aseguró sentirse completamente hundido tras décadas trabajando en el sector. «Me he puesto a llorar, esto es para cerrar la barraca», lamentó durante la entrevista. También denunció el trato desigual respecto a otros negocios situados junto a carreteras, como gasolineras o grandes superficies, cuyos anuncios permanecen visibles sin problemas.
Pero las sanciones no terminan ahí. Puigbert también explicó que los inspectores le abrieron otro expediente por vender fruta con defectos estéticos a vecinos del municipio. Se trata de manzanas perfectamente aptas para el consumo, aunque fuera de los estándares comerciales exigidos por la normativa.
Según denunció, las autoridades consideran ilegal vender estas piezas de segunda categoría y podrían imponerle otra multa cercana a los 20.000 euros. «Toda la vida se ha hecho así en los pueblos», explicó el agricultor, indignado porque la legislación obligue a destinar esa fruta a zumos o incluso a desecharla.
Además, el campesino catalán también afronta otra posible sanción por reutilizar cajas recicladas para transportar y vender sus productos. Puigbert reconoció que conocía ciertas normas europeas sobre embalajes, pero asegura que jamás se habían aplicado con semejante rigidez hasta ahora.
Mientras pequeños agricultores son perseguidos por vender fruta imperfecta o por colocar carteles cerca de la carretera, las administraciones continúan destinando enormes cantidades de dinero público a otros colectivos. Según el documento adjunto, distintas instituciones catalanas y el Ayuntamiento de Barcelona han concedido cerca de 500.000 euros en subvenciones a la Cooperativa Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, vinculada al denominado Sindicato de Manteros.
Las ayudas proceden de organismos como el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Servei d’Ocupació de Catalunya y diferentes departamentos de la Generalitat de Cataluña. En total, el documento refleja concesiones que ascienden a más de 498.000 euros entre subvenciones relacionadas con empleo, economía social, feminismo, inserción laboral y proyectos cooperativos.
El caso ha reabierto el debate sobre la carga burocrática que soporta el sector primario y el destino de las subvenciones públicas. Las críticas se han multiplicado después de conocerse que un agricultor puede enfrentarse a sanciones millonarias por prácticas tradicionales mientras otras organizaciones reciben cuantiosas ayudas financiadas con dinero de los contribuyentes.
