El Ministerio del Interior ha modificado sus boletines estadísticos para presentar una imagen más favorable de la criminalidad en España. Desde finales de 2022, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska decidió separar los delitos tradicionales de la ciberdelincuencia, lo que provoca que la cifra total de infracciones aparezca más baja. A ello se suma la mezcla entre infracciones leves —que han caído— y delitos graves, que en realidad han aumentado con fuerza según ha avanzado The Objective.
Si se comparan las series completas, el contraste resulta evidente. En 2017 se contabilizaron 2.013.534 infracciones, mientras que en 2024 la cifra oficial se redujo a 1.989.271. Sin embargo, al incluir los ciberdelitos (470.388), el cómputo real asciende hasta 2.459.659 infracciones, lo que significa un crecimiento del 22,16% durante el mandato de Pedro Sánchez. Y no se trata únicamente de un incremento cuantitativo: los delitos más violentos se han disparado en estos años.
Los datos de Interior revelan que los asesinatos consumados han pasado de 289 a 348 (+20,4%), las tentativas de homicidio subieron de 799 a 1.343 (+68%) y las lesiones y peleas colectivas escalaron un 62,8%, de 18.086 a 29.432. Los secuestros también aumentaron un 52,2% en el mismo período. No obstante, el salto más llamativo se observa en la criminalidad sexual: las agresiones con penetración se triplicaron, pasando de 1.387 en 2017 a 5.206 en 2024 (+275,3%).
El sindicato Una Policía para el Siglo XXI, que agrupa a profesionales de distintos cuerpos, acusa al Ejecutivo de incurrir en un «truco estadístico de manual». Según sus portavoces, «al calcular la tasa global, un hurto menor computa lo mismo que una violación o un asesinato, y así se disfraza el repunte de los delitos graves». La organización califica de «grotesco» el resultado, pues «la foto oficial afirma que somos más seguros cuando en la calle los crímenes violentos no dejan de crecer».
En paralelo, el Gobierno defiende que la delincuencia baja mientras trata de restar importancia a la relación entre inmigración e inseguridad. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, aseguraba recientemente que «España tiene hoy el doble de población extranjera que hace dos décadas y, sin embargo, las cifras de criminalidad son mínimas». Lo primero es cierto: actualmente viven en el país unos siete millones de extranjeros, más otros dos millones que, habiendo nacido fuera, ya poseen la nacionalidad española. Lo segundo se sostiene gracias al cambio metodológico, que excluye la ciberdelincuencia y diluye los delitos graves entre los de menor impacto.
Las estadísticas judiciales matizan aún más este debate. En 2023, los extranjeros representaban el 14,2% de la población residente, pero concentraban el 28% de las condenas, con especial incidencia en delitos sexuales y feminicidios: 11 de las 25 mujeres asesinadas ese año fueron víctimas de hombres de nacionalidad extranjera.
