El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado una nueva ofensiva diplomática y política para intentar sacar adelante la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea, una exigencia de Junts que sigue sin contar con los apoyos necesarios. La cuestión figura en la agenda del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el próximo martes en Bruselas, aunque la adopción de estas lenguas como oficiales no tiene ninguna opción real de prosperar.
Pese a ello, y según han confirmado fuentes diplomáticas y políticas a El Confidencial, el Ejecutivo está presionando a todos los niveles a los países miembros para intentar revertir el bloqueo. La inclusión de este punto en el orden del día no es nueva: ya apareció anteriormente bajo la categoría de «adopción«, pero fue rebajada a un mero «intercambio de puntos de vista» al constatarse la falta de respaldo.
Presiones políticas y diplomáticas
Según relatan media docena de embajadores en España, durante los últimos meses —y con especial intensidad en las últimas semanas— se han multiplicado los contactos y llamadas telefónicas entre ministros de Exteriores, secretarios de Estado y embajadores. En Bruselas, el tema es un punto fijo en los encuentros entre diplomáticos españoles y representantes de otros Estados miembros.
Pero la realidad es tozuda: la reforma del régimen lingüístico de la UE requiere unanimidad, y varios países mantienen su rechazo abierto o un escepticismo rotundo. Las promesas del Gobierno de cubrir todos los costes —como la contratación de traductores— no han sido suficientes para cambiar posturas, muchas de ellas enquistadas desde hace casi dos años.
Un pacto con Junts sin cumplir
La ofensiva actual obedece a las presiones de Junts, que considera este asunto una línea roja para seguir apoyando al Gobierno en el Parlamento. Fue el PSOE quien pactó con los de Carles Puigdemont el impulso de la cooficialidad en la UE a cambio de su respaldo para la constitución de la Mesa del Congreso el 17 de agosto de 2023. Desde entonces, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no ha logrado avances significativos.
Durante la presidencia española del Consejo de la UE —entre julio y diciembre de 2023—, el Ejecutivo insistió en colocar el asunto en la agenda, incluso a costa de irritar a otras capitales europeas, que veían con recelo la insistencia sin resultados.
«Es un riesgo grande, y si no lo saca adelante es un fracaso grande«, advierten desde el partido separatista.
Un rechazo firme en varios países y un impacto económico millonario
Las reticencias no se limitan a un solo Estado. Fuentes diplomáticas destacan que Lituania y Letonia fueron los primeros en expresar su oposición, citando el «impacto político» que podría tener en sus territorios con minorías rusoparlantes. Otros países como Francia o Suecia también han mostrado reservas.
El intento del Gobierno ha chocado también con el elevado coste económico. La propia Comisión Europea cifró en 132 millones de euros anuales el gasto que supondría incluir las lenguas cooficiales en el régimen oficial. Desde entonces, el Ejecutivo ha distribuido informes y notas para intentar convencer a los socios comunitarios, sin conseguir avances sustanciales.
La petición formal de modificación del Reglamento 1/1958 —base del régimen lingüístico de la UE— se presentó el 17 de agosto de 2023, coincidiendo con la presidencia española del Consejo. En ella, el Gobierno solicitaba el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas cooficiales de España, apelando al artículo 55.2 del Tratado de la Unión Europea.
