«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Está vinculado con la historia del primer Gobierno vasco

El Gobierno de Sánchez regala al PNV un palacete histórico valorado en más de 15 millones de euros en París

Andoni Ortuzar frente al palacete. Redes Sociales

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de otorgar la propiedad del número 11 de la Avenue Marceau de París al Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha desatado una tormenta de críticas y dudas sobre su legitimidad histórica y jurídica. El emblemático edificio, que actualmente funciona como sede del Instituto Cervantes en París, está estrechamente vinculado al primer Gobierno vasco en el exilio, liderado por José Antonio Aguirre durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, los detalles de su adquisición en 1937, y la reciente cesión al PNV, han generado controversia por la falta de transparencia en su financiación y la percepción de que esta decisión podría responder a intereses políticos.

El palacete fue adquirido oficialmente un año después de la caída de Bilbao, cuando el Gobierno vasco había trasladado sus operaciones al extranjero. Marino Gamboa, un intermediario relacionado tanto con el Gobierno vasco como con el republicano de Juan Negrín, realizó la compra bajo circunstancias que han sido calificadas de opacas. En 1951, una sentencia de la justicia francesa reconoció la propiedad del inmueble al régimen franquista, al considerar que fue adquirido con fondos de la Segunda República Española, lo que complicó aún más las disputas legales sobre su titularidad.

El pasado diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió la propiedad del edificio al PNV mediante un real decreto, justificando la decisión en su supuesta vinculación histórica con el inmueble. La medida fue ampliamente criticada por quienes la interpretaron como un intento de obtener el apoyo del partido nacionalista vasco en el Parlamento español. Por su parte, el PNV reivindicó su derecho sobre el edificio, asegurando que el dinero para su compra fue transferido el 12 de septiembre de 1936, antes incluso de la constitución formal del Gobierno vasco. No obstante, historiadores han señalado que no existen pruebas documentales concluyentes que respalden esta afirmación, lo que pone en entredicho la versión del partido.

La financiación de la adquisición del palacete sigue siendo motivo de debate. Según el PNV, los fondos provenían de donaciones realizadas por la comunidad vasca en América, gestionadas por figuras destacadas como Belausteguigoitia y la familia Sota, una de las más influyentes de la época. Sin embargo, registros históricos indican que el Gobierno vasco recibió un crédito de 500 millones de pesetas de la Segunda República para financiar sus operaciones tras su creación en octubre de 1936. Esta posibilidad plantea serias dudas sobre la propiedad del edificio, ya que si los fondos eran de origen republicano, el inmueble debería haber pertenecido al Gobierno vasco en el exilio y no al PNV como partido político.

La reciente cesión del palacete ha reavivado preguntas sobre la gestión del patrimonio histórico y su uso en el ámbito político. Mientras algunos consideran que esta decisión representa un acto de justicia histórica, otros la califican como un ejemplo de clientelismo político, con implicaciones que van más allá de la titularidad del edificio. La falta de claridad sobre el origen de los fondos y la complejidad del contexto histórico siguen alimentando el debate, dejando en el aire las cuestiones de quién tiene derecho legítimo sobre este inmueble y si su cesión responde a motivos históricos o políticos.

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