El Gobierno de Sánchez trabaja en un anteproyecto de ley que endurece los límites a las grabaciones privadas no autorizadas, con el objetivo de blindar el derecho al honor frente a filtraciones como las que han salpicado a figuras clave del PSOE en los últimos meses. La norma, impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, será debatida esta semana en una reunión preparatoria del Consejo de Ministros, y su aprobación podría coincidir con momentos procesales delicados para altos cargos socialistas.
El texto, adelantado por The Obejctive, plantea una reforma profunda del marco legal vigente desde 1982. En su núcleo, el artículo 7 define ocho formas de intromisión “ilegítima” en la vida personal que quedarían expresamente prohibidas. Entre ellas, destaca la instalación o uso de micrófonos, cámaras, dispositivos de seguimiento o cualquier tecnología orientada a captar imágenes, sonidos o escritos sin consentimiento del afectado. Esto incluye no solo situaciones íntimas, sino también contextos donde no medie autorización expresa para grabar.
En concreto, uno de los puntos más controvertidos del borrador establece que la captación de conversaciones privadas, aunque no tengan lugar en el ámbito estrictamente doméstico, será considerada una vulneración del honor si se difunden sin permiso. Esta disposición cobra especial relevancia en el contexto del caso Koldo, una investigación de la Guardia Civil que incluye grabaciones en las que supuestamente se negocian comisiones ilegales por obras públicas y en las que aparecen mencionados Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el propio Koldo García.
El enfoque del Gobierno en esta materia parece alinearse con las estrategias de defensa esgrimidas por varios de los implicados, quienes han cuestionado la autenticidad de los audios divulgados. De hecho, el exministro Ábalos declaró ante el Supremo que dichas grabaciones estaban “manipuladas” y que su contenido había perjudicado gravemente su reputación. Por su parte, el entorno de Cerdán sugiere incluso que parte del material podría haber sido fabricado con herramientas de inteligencia artificial.
La normativa también pretende cerrar la puerta a la publicación de información confidencial obtenida a través de la actividad profesional. Esto implicaría que filtraciones como la de la excompañera de trabajo de Jésica Rodríguez García, quien desveló su relación con el mundo de la prostitución y su contratación posterior en Ineco, quedarían prohibidas si vulneran la privacidad y dañan la imagen pública del afectado.
Otro de los apartados del anteproyecto se centra en restringir el uso de la imagen, la voz o el nombre de una persona con fines publicitarios o promocionales. Esta cláusula parece aludir directamente al episodio en el que la plataforma Escort Advisor utilizó la figura de Ábalos como reclamo tras una exclusiva periodística.
