El Gobierno de Suiza se ha sumado al de Portugal y, a diferencia de España, cobrará a sus nacionales los gastos de repatriación tras su detención en la flotilla con destino a Gaza. Las autoridades helvéticas ya han notificado por escrito a los diez activistas deportados desde Tel Aviv que deberán reembolsar el coste del vuelo y del alojamiento que el Ejecutivo adelantó en Jordania, así como los gastos consulares derivados de la operación. La medida, inédita hasta ahora entre los países participantes en la flotilla, incluye además una factura por los servicios diplomáticos prestados tras su incursión en una zona bajo bloqueo israelí pese a las advertencias previas.
El Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) confirmó públicamente que los repatriados recibirán la liquidación completa de los costes sufragados por el Estado. Según fuentes diplomáticas citadas por el diario The Objective, se trata de importes que podrían alcanzar varios miles de euros. Los activistas fueron trasladados por Israel hasta la frontera jordana, donde funcionarios consulares suizos los asistieron y gestionaron su regreso a casa en un vuelo organizado por la embajada. Pasaron una noche en un hotel de Ammán, cuyos gastos también deberán abonar «de acuerdo con la legislación vigente», explican las mismas fuentes.
Portugal fue el primer país en anunciar una medida similar. Su Ministerio de Asuntos Exteriores aclaró que había adelantado el importe de los billetes de avión «por motivos logísticos», pero que los cuatro ciudadanos lusos repatriados están obligados a devolver aproximadamente mil euros cada uno. El procedimiento, precisó Lisboa, es «habitual» en situaciones que no se enmarcan en causas humanitarias o de emergencia.
El Gobierno portugués considera que la detención y deportación de los participantes de la flotilla fue consecuencia directa de una decisión personal, y que la normativa consular nacional les obliga a asumir el coste de su repatriación. Por ello, cada activista recibió una carta acompañada de un formulario para formalizar el pago de manera inmediata.
Mientras tanto, el Ejecutivo español ha optado por una postura completamente distinta. El Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, ha decidido no reclamar ningún reintegro a los ocho españoles deportados. Madrid justificó la repatriación como una operación «de carácter humanitario», a pesar de que la normativa –concretamente la orden ministerial AUC/154/2022– establece que las ayudas y préstamos consulares son reembolsables en circunstancias ordinarias.
El departamento de Albares argumenta que los activistas españoles se encontraban en una situación de «vulnerabilidad extrema» y que fueron evacuados contra su voluntad, lo que permite aplicar el protocolo de asistencia en emergencias. Sin embargo, fuentes diplomáticas admiten que, a efectos legales, se trató de una deportación, ya que el propio grupo firmó documentos oficiales de repatriación tras su detención en Israel.
