El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 300.000 euros a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a la ONG peruana Estudios Para la Defensa de la Mujer (DEMUS). La ayuda, otorgada el pasado 8 de agosto de 2025 mediante concesión directa y sin contraprestación, se enmarca en la convocatoria titulada «Perú 2025 Democracia. Desarrollo de capacidades de mujeres defensoras para la prevención de la discriminación y la violencia de género», tal y como ha avanzado el exdiputado Pablo Cambronero en X.
DEMUS es una organización que lleva a cabo proyectos relacionados con la promoción de la interrupción voluntaria del embarazo. Entre sus líneas de trabajo recientes figuran investigaciones sobre el aborto en colectivos como las «transmasculinidades» y las «personas no binarias», así como actos reivindicativos con lemas como «Aborto sí, dictadura no». Estas iniciativas han suscitado controversia, especialmente en el ámbito político español, al ser financiadas con recursos públicos procedentes de los impuestos.
La concesión de fondos a esta entidad ha generado críticas entre sectores que consideran que la cooperación española debería priorizar acciones de carácter humanitario o de desarrollo básico, en lugar de financiar actividades vinculadas al aborto en terceros países. Los detractores de la medida hablan de «cooperación al subdesarrollo moral» y cuestionan que, en plena crisis demográfica y con la natalidad en mínimos históricos, el Ejecutivo español apoye este tipo de programas en el extranjero.
Desde el Gobierno, sin embargo, se defiende que la cooperación internacional debe incluir la protección de los derechos sexuales y reproductivos como parte de una agenda más amplia en favor de la «igualdad de género». AECID argumenta que estas ayudas buscan fortalecer a mujeres defensoras de derechos humanos y prevenir la violencia y la discriminación, en línea con los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos y equidad.
