El Ministerio del Interior ha adjudicado a Telefónica Defensa y Seguridad un contrato de emergencia de 7.000.455 euros para alquilar 61.603 dispositivos con los que verificar la identidad de los electores que utilicen el DNI en el móvil el próximo 29 de noviembre. Según revela El Español, el encargo se ha realizado sin una licitación competitiva previa.
La medida pretende recuperar una opción que la Junta Electoral Central (JEC) mantiene suspendida desde el 26 de marzo por las dudas sobre las garantías de identificación. Hasta entonces, MiDNI se había admitido en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León mediante una comprobación visual de la imagen mostrada en pantalla, sin autenticar el documento con un lector QR.
El organismo electoral ratificó la suspensión el 23 de abril y la aplicación quedó excluida de las autonómicas andaluzas del 17 de mayo. Ahora, Interior ya ha comprometido el alquiler, aunque la JEC todavía debe autorizar que estos terminales permitan volver a emplear el documento digital para votar.
Los equipos son teléfonos dotados de un programa de verificación. Su coste asciende a unos 113,63 euros por unidad para una jornada electoral y deberán estar en las juntas electorales de zona antes del 19 de noviembre. Correos se encargará de distribuirlos, una tarea incorporada a sus obligaciones mediante una orden de Presidencia del 28 de octubre.
La contratación se inició semanas antes. De acuerdo con la documentación, la emergencia se declaró el 13 de octubre, el encargo se trasladó a la compañía al día siguiente y el contrato quedó firmado el 21. Por parte del Ministerio lo suscribió la directora general de Política Interior, Carmen López García.
El procedimiento ha provocado las críticas del PP, que sostiene que un adelanto electoral no convierte este suministro en una emergencia. La formación cuestiona, además, que se dediquen siete millones al arrendamiento de unos aparatos cuya ausencia no impediría celebrar las elecciones, puesto que los ciudadanos pueden identificarse con su documentación física.
La controversia gira en torno al artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que reserva esta tramitación excepcional para catástrofes, situaciones de grave peligro o necesidades vinculadas a la defensa nacional. Un abogado del Estado consultado por el periódico considera que el alquiler no encaja en esos supuestos.
Existe un antecedente electoral de 2019, cuando la Junta Consultiva de Contratación Pública aceptó esta vía ante el riesgo de que determinados suministros no llegaran a tiempo. Aquel criterio exigía justificar el peligro concreto, examinar otras opciones y comprobar que una actuación diligente no habría evitado la urgencia.
Interior remitió el contrato y un terminal de muestra a la JEC el 28 de octubre. El departamento defiende, apoyándose en un informe policial, que el sistema autentica los códigos temporales de MiDNI incluso con cobertura deficiente o inexistente. La decisión definitiva sobre su utilización electoral sigue pendiente.
