El 10 de mayo de 2022, el Pleno del Congreso aprobó el decreto-ley 7/2022, diseñado para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 5G en España. Según la normativa, en un plazo de tres meses desde su entrada en vigor, el Ejecutivo debía, mediante acuerdo del Consejo de Ministros y tras un informe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), declarar cuáles proveedores 5G representaban un riesgo significativo. Esta evaluación debía considerar tanto la fiabilidad técnica de sus equipos como la exposición a posibles injerencias externas.
Asimismo, el decreto establecía que el CSN debía elaborar, también en tres meses, una lista de lugares y centros donde estaría prohibido usar equipos o servicios de estos proveedores de alto riesgo, tras consultar al Ministerio de Asuntos Económicos. Sin embargo, aunque estas disposiciones quedaron plasmadas en el decreto, el Gobierno optó finalmente por no activarlas, ante la evidencia de que implicaría señalar a los grandes fabricantes chinos Huawei y ZTE.
Expertos en seguridad nacional han indicado que si se hubiera realizado esta clasificación, se habrían evitado conflictos en adjudicaciones públicas, como la polémica concesión a Huawei para el almacenamiento de escuchas judiciales, una decisión cuestionada pero aún vigente. Pese a que el plazo legal para identificar a los proveedores de alto riesgo expiró hace tiempo, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de hacerlo en cualquier momento.
Fuentes de inteligencia han señalado la fuerte influencia del lobby chino en España, destacando el papel de figuras políticas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido clave para fortalecer los lazos entre el Gobierno español y Pekín, llegando incluso a facilitar visitas oficiales a China por parte del presidente Pedro Sánchez.
