El Gobierno de España gasta 762.065,28 euros a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, —al frente del cual está Elma Saiz— para que los inmigrantes ilegales albergados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta dispongan de servicio de lavandería los próximos doce meses. Este jueves se publicaba en el BOE la oferta pública con objeto «servicio de
lavandería con destino al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta por un periodo de 12 meses prorrogables».
A la empresa que finalmente resulte adjudicataria del procedimiento, que permanecerá abierto hasta el próximo 4 de marzo, se le solicita «compromiso de prestación servicio en situaciones de entrada masiva,
sobreocupación y sobreocupación extrema», lo que da una idea del nivel alcanzado por la crisis migratoria en las últimas semanas.
A estos más de 760.000 euros de dinero público que costará que la ropa de los inmigrantes ilegales de Ceuta sea lavada y planchada por profesionales, se une el contrato ya adjudicado para el mismo fin al CETI de Melilla. En este caso, el contrato ya se adjudicó el pasado 7 de noviembre de 2023, tal y como apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado, donde se había ofertado un mes antes. El importe en este caso fue superior al destinado a Ceuta. La oferta ganadora correspondió a un contrato de 1.032.119,03 euros, aunque se presentó otra mayor de 1.245.232,65 euros.
Este contrato, además, se tramitó de manera urgente «por razones de interés público, ya que las características singulares de especial vulnerabilidad de los residentes del centro y la falta de prestación de este servicio básico de limpieza podría suponer una situación de peligro en el funcionamiento del CETI», según se aclaraba en los propios pliegos.
No son los únicos gastos elevados que el Gobierno está realizando en los CETI de Ceuta y Melilla. Actualmente también se encuentra abierto un procedimiento para otorgar un contrato por valor de 4.681.762,80 euros para «suministro de la ropa, lencería y productos de aseo, higiene y menaje, destinado a los residentes del CETI de Melilla». La licitación se publicó el pasado 6 de febrero y permanecerá abierta hasta el 6 de marzo. La empresa ganadora deberá suministrar durante el próximo año desde prendas de vestir y artículos textiles para uso doméstico hasta artículos de catering.
También se encuentran publicados los pliegos para un «servicio de analíticas (pruebas externas de laboratorio) con destino a los residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta«, aunque en este caso, durante la recepción de ofertas no se ha publicado el importe que Migraciones destinará al contrato.
Aunque este mismo miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negaba que existiera un «efecto llamada» de inmigrantes y ha pedido evitar «mensajes alarmistas» que «pueden generar odio», lo cierto es que nuestro país ha recibido en los escasos 40 días que llevamos del año 2024, más de 11.000 inmigrantes ilegales tan sólo por mar, sin contar a los más de 900 que han entrado por Barajas, donde también se ha vivido en las últimas semanas un grave problema de solicitantes de asilo que no cumplían con los requisitos hacinados en las terminales.
A lo largo del último fin de semana, más de 1.100 inmigrantes ilegales consiguieron llegar en pateras y cayucos a las Islas Canarias. La situación es de tal gravedad, que el presidente Pedro Sánchez ha solicitado ayuda a Europa esta semana para controlar la crisis de inmigración. Y es que España ha detectado la entrada en el último mes de más inmigrantes de los que han contabilizado Italia, Grecia, Malta y Chipre —los otros principales destinos de la inmigración ilegal para acceder a Europa— juntos.
Este mismo jueves Sánchez anunciaba que el Gobierno movilizará 200 millones de euros en los próximos cinco años para fomentar la inversión de empresas españolas en Mauritania. Lo hacía desde la capital del país africano, donde se encontraba de visita oficial junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Esta medida forma parte del paquete de ayudas que ambos dirigentes van a trasladar a Mauritania, a cambio de una mayor cooperación en el control de los flujos migratorios.
