El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cifró a mediados del mes de marzo en 4.500 las exhumaciones por la ley de memoria histórica y anunció que el futuro museo de la «Memoria Democrática» se situará en Madrid.
En una comparecencia ante la Comisión Constitucional de la Cámara para dar cuenta del desarrollo de la ley revanchista aprobada en octubre de 2022, garantizó que se procederá a transformar el Valle de los Caídos en un «Centro de Interpretación» y que, «cuando Patrimonio Nacional termine la auditoría de bienes», se procederá a la «extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz».
El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es que en un plazo máximo de dos años se expulse a los 21 monjes benedictinos del Valle de los Caídos en virtud de un real decreto que aprobará el Consejo de Ministros.
El prior del Valle de los Caídos, el padre Santiago Cantera, afirmó que no será fácil expulsar a los monjes benedictinos porque están allí por un convenio que el Estado «no puede romper unilateralmente».
«Tendrán que ver cómo sortean nuestra realidad, porque nosotros estamos aquí por un convenio a dos partes», explicó. Y señaló que al ser la abadía de derecho pontificio, un Estado no puede romper el convenio unilateralmente, sino que «haría falta la aprobación escrita y firmada desde la Santa Sede».
El PSOE y Sumar pactaron en el acuerdo de Gobierno de coalición desarrollar la nueva ley de memoria histórica, impulsar las exhumaciones y culminar la resignificación del Valle de los Caídos. «Será un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer (…) las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos», recogió.