El juez Juan Carlos Peinado ha dado un plazo de 10 días a La Moncloa para que remita toda la correspondencia electrónica oficial de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno en 2018. El magistrado, que investiga posibles irregularidades relacionadas con la gestión de recursos públicos, ha solicitado además que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examine el contenido de esos mensajes para determinar si pudieran estar vinculados con actividades privadas.
La resolución judicial también incluye otro requerimiento dirigido al Ministerio del Interior. El instructor reclama información detallada sobre los desplazamientos aéreos realizados durante ese mismo periodo tanto por Gómez como por su asesora en el complejo presidencial, Cristina Álvarez. Para ello, ordena recabar los registros a través de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), organismo integrado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Según recoge el auto, el juez advierte de que la falta de respuesta dentro del plazo establecido podría derivar en responsabilidades penales por un posible delito de desobediencia judicial para los responsables de la Secretaría General de Presidencia y del propio organismo dependiente de Interior.
El movimiento del magistrado llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara una solicitud anterior relacionada con los correos electrónicos, al considerar que aquella petición carecía de motivación suficiente. Peinado ha reformulado ahora la diligencia alegando que resulta necesaria para aclarar si la asesora destinada en Presidencia habría colaborado en tareas profesionales ajenas a la actividad institucional de Gómez.
En paralelo, la petición de los datos de vuelo se produce tras la negativa de las defensas a entregar los pasaportes de las investigadas, argumentando que no estaban obligadas a facilitar esa documentación. Con esta nueva vía, el juez pretende reconstruir los desplazamientos internacionales y ha pedido que se detalle especialmente cualquier viaje a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau o a la Federación de Repúblicas Rusas.
La investigación continúa abierta y suma así nuevas diligencias orientadas a recabar información sobre el uso de medios oficiales y los movimientos realizados durante los últimos años por las personas implicadas.
