El Ministerio del Interior ha sacado a licitación un contrato de 16,5 millones de euros para el transporte aéreo de extranjeros en el marco de un programa de Frontex contra la inmigración ilegal. Se trata de un anuncio que resulta claramente insuficiente y tardío según las fuentes policiales consultadas por LA GACETA: «Es una estafa», añaden.
Fuentes de la Guardia Civil expresan que la medida «es muy insuficiente». Según los agentes, esta licitación «únicamente cubriría un ínfimo porcentaje de retornos y no precisamente hacia aquellos destinos de nacionales que más problemas generan en materia de seguridad». Los agentes señalan que esta partida «no atendería ni un 10% de todas las expulsiones pendientes sin contar acuerdos de devolución, que son los más comunes entre nacionales del Magreb (Argelia y Marruecos), quedando siempre más del 90% sin ejecución».
Además, destacan graves carencias logísticas: «No existen aviones suficientes a nivel operativo para estas repatriaciones, las cuales quedarían al final sin una ejecución real por una cuestión operativa». En la práctica, se repatriaría principalmente a gambianos, mauritanos y algún argelino, mientras que marroquíes, malienses, senegaleses y otras nacionalidades mayoritarias «posiblemente permanecerán aquí».
Esta visión es plenamente corroborada por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que afirman que «las instrucciones para la ejecución de expulsiones son insuficientes y no se concretan».
Un contraste presupuestario escandaloso
Mientras se destinan 16,5 millones de euros a intentar ejecutar retornos, el Gobierno ha invertido cantidades muy superiores en facilitar la llegada, el traslado y la dispersión de inmigrantes ilegales por todo el territorio. Solo en enero y febrero de este año, el Ejecutivo gastó más de 740.000 euros en 16 vuelos para trasladar a casi 2.500 inmigrantes ilegales desde Canarias a la Península. En periodos anteriores, abonó a una ONG más de 13 millones de euros para mover a 42.500 inmigrantes ilegales desde el archipiélago. Y desde 2023, sólo a la entidad ACCEM ha destinado más de 74 millones de euros para trasladar, acoger y gestionar a más de 42.000 inmigrantes ilegales.
Por cada euro que el Gobierno destina a repatriaciones, invierte aproximadamente cuatro euros o más en trasladar, acoger y dispersar inmigrantes ilegales por el territorio nacional. Esta desproporción presupuestaria revela una prioridad clara y equivocada: se gasta mucho más en gestionar las consecuencias de la inmigración ilegal descontrolada que en frenarla de raíz.
Un «efecto llamada» que las mafias aprovechan
Esta contradicción se traduce en un efecto llamada permanente que las mafias de tráfico de personas explotan sin descanso. En Ceuta han entrado ya 2.187 inmigrantes ilegales por tierra en lo que va de año, multiplicando por más de siete las cifras de 2023. En Baleares se mantiene una presión similar a la de los años récord, con Formentera e Ibiza convertidas en nuevos puntos calientes.
Mientras se licitan vuelos de retorno con presupuestos modestos, las mafias promocionan en redes sociales los CETI como auténticos resorts con pistas de fútbol, ping-pong, peluquería y todo incluido, y adaptan sus rutas a los puntos más débiles del sistema.
Fuentes policiales consultadas por LA GACETA llevan tiempo alertando de esta deriva. La inmigración ilegal no es un fenómeno espontáneo, sino un negocio altamente organizado que genera beneficios millonarios a las redes criminales mientras el contribuyente español paga la factura de la acogida, los traslados y la gestión.
