El balance anual de inmigración ilegal publicado por el Ministerio del Interior para 2025 vuelve a generar dudas sobre su precisión y consistencia al presentar un desfase significativo respecto a otras fuentes policiales e independientes. Mientras el informe oficial cifra en 36.775 las llegadas ilegales acumuladas hasta el 31 de diciembre, los datos de ACNUR (Agencia de la ONU) registran 37.080 entradas por la vía de la ilegalidad hasta el 28 de diciembre. Al incorporar las llegadas reportadas por fuentes policiales consultadas por LA GACETA entre el 29 y el 31 de diciembre —un total de 217 inmigrantes confirmados en Canarias y 17 en la provincia de Almería—, el volumen real se eleva a 37.314, lo que supone una diferencia de 539 entradas respecto al cierre oficial del Ministerio.
Esta discrepancia, aunque aparentemente moderada en términos porcentuales (+1,5%), pone de manifiesto irregularidades recurrentes en la elaboración de los informes del Ministerio del Interior, que sistemáticamente arrojan cifras inferiores a las facilitadas por organismos internacionales y fuentes policiales directas. En un contexto de fuerte caída global de llegadas a Canarias, estas diferencias no parecen explicarse únicamente por retrasos en el registro o ajustes provisionales, sino que se concentran en aspectos metodológicos y de clasificación que generan desconfianza.
Los datos de ACNUR, que integran tanto llegadas por mar como por tierra, muestran un desglose revelador. En la ruta del Mediterráneo Occidental (Península, Baleares, Ceuta y Melilla), la agencia de Naciones Unidas registra 19.356 entradas, frente a las 18.987 declaradas por el Ministerio —una diferencia de 369 que se explica principalmente por variaciones en la clasificación de accesos terrestres y mixtos en los enclaves norteafricanos. En la ruta atlántica hacia Canarias, las cifras son más cercanas hasta el 28 de diciembre (17.724 en ACNUR vs. 17.788 en el Ministerio), pero las llegadas adicionales verificadas en los últimos días del año —33 personas a Tenerife el 29 de diciembre, 180 a El Hierro y 4 a Lanzarote el 31 de diciembre— inclinan la balanza hacia un subregistro oficial de al menos 153 en esta ruta.
Este patrón de irregularidades no es nuevo. Ya en 2021, como denunciamos en LA GACETA, el Ministerio del Interior y organismos de Naciones Unidas (a través de la OIM) presentaron discrepancias que ocultaron la entrada de más de 10.000 inmigrantes ilegales, manipulando informes quincenales para reducir artificialmente las cifras en Ceuta y Melilla y disimular un incremento general del 40% Datos que desaparecían de páginas web oficiales y ajustes inexplicables evidenciaron entonces una falta de transparencia que, cuatro años después, parece repetirse con diferencias metodológicas que siempre benefician una menor percepción de la alta presión migratoria que sufre España.
A esta opacidad se suma la ausencia sistemática de datos clave en los informes del Ministerio, como las nacionalidades de los inmigrantes ilegales o sus perfiles demográficos —información que ACNUR y FRONTEX sí proporcionan con detalle, destacando orígenes como Argelia, Mali o Gambia—. Esta ocultación constante impide obtener una imagen clara y completa del problema fronterizo, limitando la capacidad de la sociedad para debatir y actuar con base en hechos reales y transparentes.
