La Consejería de Justicia del Gobierno vasco ha designado como primer director de servicios penitenciarios al funcionario Pablo Martínez Larburu, destituido en 2003 del cargo de subdirector de Tratamiento del centro penitenciario de Álava. La Dirección General de Instituciones Penintenciarias decidió cesarlo después de que emitiese informes favorables para la excarcelación del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga.
Distintas fuentes señalan que, pese a que en un primer momento la Junta de Tratamiento del centro señaló que el preso seguía vinculado a ETA y descardó concederle el tercer grado, el recluso recurrió la decisión y, gracias a los citados informes de Larburu, consiguió que la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao le concediera la libertad condicional.
A raíz de este caso, el Gobierno de José María Aznar decidió crear un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria encargado de unificar los criterios judiciales y dictar la concesión de beneficios a los reclusos. Por otra parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial encargó a la Inspección investigar lo sucedido, aunque finalmente se estimó que el dictamen se había ajustado a la ley.
Actualmente, Larburu asume el cargo en plena negociación sobre las condiciones de la plantilla y en un contexto de malestar generalizado entre los trabajadores por todas las carencias que acumula el sistema penitenciario. Así, el nuevo director de servicios centrará su trabajo en administrar recursos materiales y, según ha explicado la consejera socialista María Jesús San José, «en la especialización del sistema para mejorar las condiciones de los trabajadores y la población reclusa».