El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, promete que derogará la nueva Ley de Memoria Democrática, una norma que falsifica la Historia, profundiza en la institucionalización del guerracivilismo y busca eliminar cualquier discurso disidente, porque «atenta contra el espíritu de la Transición». Pero a su partido le falta credibilidad. Porque el PP no derogó cuando pudo, con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011, la ley de memoria histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, y porque hoy no deroga las leyes autonómicas que, como la de Andalucía, persiguen el mismo revanchista fin.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha rechazado la toma en consideración de la proposición de Ley de Reconciliación registrada por VOX en el Parlamento andaluz, un texto que, entre otras cuestiones, plantea la derogación de la actual ley autonómica (de 2017), que impone «una verdad oficial e irrefutable de la que no se permite disentir». Esta norma planteada por VOX estaba encaminada a «satisfacer la justa demanda de la localización de las víctimas como consecuencia de la violencia social, política o persecución religiosa, con independencia de su credo o militancia». Pero para el Gobierno en mayoría absoluta del PP «no añade valor a los instrumentos de los que dispone la Comunidad Autónoma». O eso señalan.
No es la primera vez que el PP se posiciona en Andalucía a favor de mantener la legislación izquierdista en materia de memoria, que sólo «mejoraría», sostiene, «si es con amplio consenso». Los populares no apoyaron en diciembre del año pasado la Proposición de Ley de Concordia que presentó VOX. El Ejecutivo de Moreno Bonilla incumplió así uno de los puntos del pacto de investidura (alcanzado tras las elecciones de diciembre de 2018) y el deber de cualquier poder público, que no es otro que fomentar la concordia y la reconciliación entre los españoles.
Esa tibieza del PP ha dado alas al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, que con la nueva ley de Memoria Democrática impone sanciones para quienes discrepen, atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión, de investigación y de cátedra, y busca finiquitar cualquier visión plural del pasado reciente de España.
La única oposición de VOX
La complacencia del PP contrasta con la oposición frontal de VOX, que promete derogar la norma el primer día de su presencia en el Gobierno de España para que «los españoles no se vean obligados a atenerse a una memoria colectiva decidida por políticos».
En octubre de 2019, Santiago Abascal denunció en un multitudinario acto en Vistalegre que el plan del Ejecutivo era «destruir la reconciliación entre los españoles, reescribir la Historia, deslegitimar la Monarquía y derrocar a Felipe VI». «Nosotros nos hemos dado cuenta de ello», apostilló, antes de advertir del «carácter liberticida» de un proyecto que tiene como objetivo «amordazar a los historiadores, a los españoles y obligar a una parte a condenar a sus abuelos».
Sobre la Ley de Memoria Democrática -en vigor desde el pasado 21 de octubre-, Abascal ya recordó que nunca ha habido un relato consensuado sobre la II República, la Guerra Civil y el franquismo, y que «no lo puede haber ni entre los historiadores, que todavía sostienen importantes debates, ni entre los españoles, que cuentan con su particular acervo de recuerdos familiares». Así, denunció el «relato maniqueo y falaz» que tratan de imponer socialistas y comunistas, y afirmó que un pasado tan complejo «requiere aproximaciones plurales, desapasionadas y generosas».
