La desindustrialización de España ordenada por Pedro Sánchez empieza a cobrarse víctimas. La central nuclear de Almaraz, uno de los pilares energéticos de Extremadura durante décadas, ha iniciado su penúltimo ciclo de recarga con un recorte drástico de personal: 200 empleos menos respecto a anteriores operaciones. Es el primer efecto visible del plan de clausura nuclear pactado en 2019, que fija el apagón definitivo de sus reactores entre 2027 y 2028.
En esta ocasión, apenas un millar de operarios participan en la recarga del segundo reactor, cuando en años anteriores la cifra rondaba los 1.200. El motivo, según explican fuentes del complejo, es que ya no se ejecutarán muchas de las tareas de modernización y mantenimiento a largo plazo que antes acompañaban este proceso. Los responsables técnicos reconocen que, ante un cierre anunciado, carece de sentido invertir en mejoras de futuro.
El impacto más inmediato se deja sentir en la comarca del Campo Arañuelo, donde la central constituye el principal motor económico. Comercios, alojamientos y servicios locales notarán durante las próximas semanas una notable reducción de actividad, al disminuir el número de contrataciones temporales asociadas a cada parada técnica.
Almaraz ya trabaja en la documentación necesaria para formalizar el cese de su primera unidad, que deberá presentar al Consejo de Seguridad Nuclear antes de final de mes. Si el proceso no se detiene antes de marzo, la clausura quedará fijada oficialmente. El calendario del Ejecutivo prevé que el primer reactor se apague el 1 de noviembre de 2027 y el segundo un año más tarde, el 31 de octubre de 2028.
Las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP— mantienen su pulso con el Gobierno. Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica asegura no haber recibido ninguna petición formal para prolongar la vida útil de la planta, las eléctricas sostienen que sin una rebaja fiscal no pueden asumir los costes actuales de explotación. Reclaman una reducción de la carga impositiva como condición indispensable para cualquier prórroga.
El sector nuclear, por su parte, intenta mantener abierta la negociación. Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, afirmaba recientemente que «aún queda margen para alcanzar un acuerdo» y advertía de que España corre el riesgo de convertirse en «el único país del mundo que renuncia voluntariamente a la energía nuclear».
El debate, sin embargo, sigue bloqueado por las condiciones impuestas por el Ejecutivo. Entre las tres exigencias que el Gobierno marca como innegociables figuran el mantenimiento del suministro, la seguridad radiológica y la garantía de que la actividad no genere sobrecostes a los consumidores. Es este último punto —el económico— el que ha convertido la negociación en un muro infranqueable.
Mientras tanto, los 4.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a la central viven entre la incertidumbre y la preocupación. Este pasado sábado, cientos de empleados, vecinos y cargos locales se concentraron en una jornada reivindicativa para exigir la continuidad de la planta. Su temor es compartido por toda la comarca: que el cierre de Almaraz marque el inicio del desmantelamiento energético e industrial de Extremadura.
