El PSOE forzó la comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado noviembre de un excomisario de la Policía Nacional procesado por corrupción en la Audiencia Nacional, Marcelino Martín-Blas, con el objetivo de introducir en el debate parlamentario una serie de documentos manipulados que buscaban erosionar la credibilidad de jueces, fiscales, altos mandos policiales y figuras políticas, según avanza El Confidencial. Entre los blancos de esta maniobra figuraban magistrados como Juan Carlos Peinado, el instructor del caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Los informes, presentados por el excomisario durante su intervención en la Comisión de Investigación sobre la llamada Operación Cataluña, fueron en realidad elaborados por el empresario Javier Pérez Dolset, una figura cercana al núcleo de estrategia del PSOE en Ferraz, encabezado por Santos Cerdán. Los metadatos de los archivos entregados en un pendrive revelan con claridad que Pérez Dolset fue quien procesó o creó los materiales. A su lado en estas gestiones estuvo Leire Díez Castro, exdirectiva de empresas públicas como Correos y Enusa, quien también ha sido señalada por haber buscado datos comprometedores sobre mandos de la Guardia Civil como el teniente coronel Antonio Balas, responsable de las investigaciones más delicadas que afectan al Ejecutivo.
La sesión parlamentaria pasó en su momento relativamente desapercibida, eclipsada por el estallido del caso Koldo que salpicó al entorno de José Luis Ábalos. Sin embargo, la intervención de Martín-Blas fue utilizada de forma muy distinta por los actores políticos presentes: mientras los partidos independentistas catalanes aprovecharon su testimonio para insistir en la existencia de una supuesta «policía política» durante el Gobierno de Mariano Rajoy —y con ello debilitar la legitimidad de casos como los del 3%, el Palau o la familia Pujol—, el PSOE orientó su estrategia a desprestigiar a personajes clave del actual entramado judicial y policial que le resultan incómodos.
El portavoz socialista en la comisión, Manuel Arribas, dirigió su interrogatorio hacia terrenos ajenos al objeto de la investigación oficial. Simulando improvisación, preguntó a Martín-Blas por un procedimiento en el que éste no había participado: una causa contra el exviceministro venezolano Nervis Villalobos. Lo relevante del asunto no era Villalobos en sí, sino el juez que lo instruyó: Juan Carlos Peinado, quien también lidera actualmente la investigación sobre Begoña Gómez. Arribas aprovechó para lanzar preguntas que apuntaban tanto a este magistrado como al fiscal del caso, José Grinda, otro de los objetivos habituales de la supuesta red de intoxicación atribuida al entorno socialista.
El material entregado por Martín-Blas a los diputados incluía grabaciones privadas, documentos internos y un abanico de acusaciones contra diversas figuras del PP, además de ataques a medios de comunicación como Atresmedia y a jueces como Fernando Andreu, Manuel Marchena y el exmagistrado Manuel García-Castellón. Entre los contenidos figuraban grabaciones del consejero delegado de Atresmedia, Mauricio Casals, así como documentos referidos a exministros como Rafael Catalá, José Manuel Soria o Jorge Fernández Díaz.
Por si aún existían dudas sobre el origen del material, el propio Pérez Dolset ha admitido recientemente que mantuvo una reunión en la sede del PSOE con Santos Cerdán y Leire Díez, en la que puso a disposición del partido documentación «de interés gubernamental». También ha trascendido que el empresario trató de proteger a Díez durante una rueda de prensa celebrada en un hotel madrileño, impidiendo que Víctor de Aldama —otro personaje vinculado a tramas bajo investigación— se le acercara tras su dimisión del partido.
Todo este episodio revela el funcionamiento de una presunta red de desinformación montada para instrumentalizar las instituciones parlamentarias con fines partidistas, desviar el foco mediático y judicial de los problemas que rodean al Ejecutivo y erosionar la imagen de sus adversarios políticos.
