La propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de implantar una financiación «singular» para Cataluña ha generado una ola de críticas, no sólo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sino también de varios barones socialistas. Entre estos críticos destaca Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, conocido por sus frecuentes discrepancias con el Gobierno central.
Las federaciones del PSOE en Extremadura, Asturias y Andalucía también han expresado su oposición a la medida del Gobierno de Pedro Sánchez, detalla El Debate. La debilidad parlamentaria de Sánchez y su deseo de mantenerse en el poder lo están llevando a aceptar las exigencias de los partidos separatistas catalanes. Aunque los indultos y la amnistía ya habían causado malestar entre algunos dirigentes socialistas, la cuestión de la financiación ha generado una desavenencia aún mayor dentro del partido, ya que afecta directamente a la economía de las comunidades autónomas.
En contraste, la federación socialista valenciana ha mostrado su apoyo al trato «especial» para Cataluña. El PSPV, liderado por Diana Morant tras las maniobras de Ferraz para acceder a la secretaría general sin un proceso de primarias, ha defendido esta posible financiación diferenciada, a pesar de que la Comunidad Valenciana es considerada una de las regiones más infrafinanciadas. José Muñoz, portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, afirmó que la apuesta del Ejecutivo de Sánchez por la Comunidad Valenciana es clara, destacando que es la comunidad que más fondos recibe del Gobierno de España. Muñoz también criticó al PP por su falta de postura unificada sobre el sistema de financiación.
La postura del PSPV contrasta con la de otras regiones socialistas. Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha, considera que la medida de Montero sería «un precio demasiado caro por mantener un puesto» y criticó la idea de que el resto de España termine pagando la «fiesta independentista». En Extremadura, la federación del PSOE rechazó cualquier tipo de «chantaje» de otras comunidades autónomas y enfatizó que la financiación no debería crear diferencias entre los españoles.
En Asturias, el Ejecutivo de Adrián Barbón insistió en que cualquier modificación del sistema de financiación debe ser negociada de manera multilateral con todas las comunidades. Defienden un sistema que reconozca el coste real de los servicios en cada territorio. Por su parte, Juan Espadas, secretario general del PSOE-A en Andalucía, afirmó que el modelo vigente de financiación autonómica es injusto para su región, y que Andalucía debería recibir condiciones de financiación similares a las de Cataluña.
Los socialistas murcianos, alineados más con la postura del PSPV, sostienen que la reforma del sistema de financiación debe beneficiar a todas las comunidades autónomas del régimen común, asegurando la excelencia en la calidad de los servicios públicos en todos los territorios. Cabe destacar que las comunidades autónomas más afectadas por la infrafinanciación son la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque sus posturas sobre la solución varían considerablemente.
