La ofensiva lingüística del separatismo catalán continúa avanzando en Cataluña con el respaldo político e institucional del actual Gobierno autonómico del PSOE. La última iniciativa llega de la mano de la entidad separatista Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), que ha lanzado una campaña para promover municipios alineados con el monolingüismo en catalán y la exclusión del castellano del espacio público y administrativo.
Bajo el nombre de «Municipis per la Llengua», la plataforma busca extender por toda Cataluña estructuras municipales dedicadas a reforzar el uso exclusivo del catalán y vigilar el cumplimiento de lo que denominan «derechos lingüísticos». La campaña ya ha sido asumida por el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, gobernado por Junts, que se convertirá en el primer municipio de la región en colocar en la entrada de la ciudad una señal identificativa con el lema «Municipi per la Llengua» y el hashtag «#parlemcatalà».
La iniciativa forma parte de una ofensiva lingüística que se ha intensificado en los últimos años y que, tras el procés, ha dejado de ser patrimonio exclusivo del separatismo más explícito para convertirse en un consenso asumido por gran parte del establishment político catalán. El PSC, lejos de revertir esa dinámica, ha profundizado en ella con medidas que incluso superan algunas impulsadas por anteriores gobiernos separatistas.
Los nuevos Presupuestos pactados entre PSC y ERC destinan más de 100 millones de euros a políticas lingüísticas. Cerca de la mitad de esa cantidad irá destinada a promover el catalán en redes sociales y plataformas digitales. Además, se contemplan partidas específicas para impulsar el uso del catalán en la Inteligencia Artificial, el deporte y estructuras administrativas dedicadas exclusivamente a la política lingüística.
Entre las medidas previstas destacan dos millones de euros para una Casa de Creación en catalán en Barcelona, tres millones para fomentar el catalán en la IA, diez millones para extenderlo en el ámbito deportivo y 35 millones para reforzar la Consejería de Política Lingüística, creada por el PSC y dirigida por el dirigente republicano Francesc Xavier Vila.
La campaña impulsada por la AMI plantea la creación de consejerías lingüísticas en todos los ayuntamientos catalanes, siguiendo el modelo implantado por la Generalidad. También propone organizar encuentros municipales para coordinar estrategias y habilitar un sistema de «Alertas Lingüísticas», un buzón destinado a recoger denuncias e incidencias relacionadas con el uso del castellano u otras supuestas vulneraciones lingüísticas.
En Sant Cugat, el Ayuntamiento ya dispone de un departamento lingüístico propio, dirigido por la concejal neoconvergente Núria Fernández. En declaraciones recientes, Fernández pidió a los vecinos que mantengan el uso del catalán incluso cuando se dirijan a personas que hablen castellano. «Cuando alguien nos hable en castellano, respondamos en catalán con toda normalidad. Nuestra lengua es preciosa, y cambiar de idioma lo que hace es crear barreras«, afirmó.
La edil sostuvo además que la «integración» de los recién llegados pasa por adoptar el catalán como lengua habitual. Todo ello en un contexto marcado por las reiteradas denuncias sobre el incumplimiento por parte de la Generalidad de resoluciones judiciales que obligan a garantizar el uso del castellano en la enseñanza y la administración pública catalana.
