El adjetivo del titular, es, a juicio de más de un navarro, demasiado generoso. Más que tibio, el compromiso del Gobierno que ha servido para que UPN diga ‘sí’ a los Presupuestos es, en realidad, cinismo en estado puro. Se lo contamos.
La pasada semana La Gaceta informaba del enfado monumental en las filas de Unión del Pueblo Navarro con el Gobierno del Partido Popular. Peligraba su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ¿El motivo? El trato alcanzado con el PNV; las declaraciones no demasiado rotundas del Gobierno sobre un posible acercamiento de presos etarras tras el anuncio de disolución de ETA y, en general, la escasa atención del Ejecutivo a los problemas de Navarra, una Comunidad que sufre una cada vez más intensa batasunización. Su presidenta, no en vano, presume de ser firme partidaria de la Disposición Transitoria Cuarta, la que entregaría el territorio navarro al País Vasco.
Entonces las filas del partido presidido por Javier Esparza estaban dispuestas a romper con el PP, a cambiar el tradicional apoyo del partido regionalista por un distanciamiento.
Pero este martes, a escasas horas de la votación definitiva de los PGE, se hacía público el acuerdo alcanzado entre UPN y Ejecutivo. Se materializaba con la firma de dos documentos. Uno, dedicado casi en exclusiva a la cuestión económica, con 54 millones más el compromiso inicial del Gobierno para Navarra. El segundo, centrado en la disolución de ETA. Se trataba de poner negro sobre blanco el compromiso del PP de no negociar con el PNV un cambio en la política penitenciaria ni contraprestación alguna por el apoyo a los Presupuestos relacionada con la disolución de la banda asesina etarra. Era la línea roja por la que UPN había estado a punto de romper con el PP. Pero, lejos de reflejar esa rotundidad expresada por los navarros, el documento exhibe el lenguaje preferido de la legislatura Rajoy: la tibieza.
“ETA ha sido derrotada. Su derrota y su fracaso son incontestables y son fruto del triunfo del Estado de Derecho frente a la barbarie y el terror”, comienza el documento, que dedica todo un párrafo a las víctimas del terrorismo:
“La sociedad española tiene una deuda contraída con las víctimas, que han pagado un alto precio, el más alto, por defender la libertad y la democracia. En ellas se han ensañado los que querían quebrar el ánimo colectivo de la sociedad española. El compromiso con ellas es un compromiso con la democracia española, objetivo último de la violencia de la que fueron víctimas”. Y llegamos así al punto clave del documento pactado entre UPN y PP:
“El final del terrorismo no supondrá, en ningún caso, el comienzo de la impunidad. Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de hacerlo. Y no van a obtener nada por su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando; sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando; y las condenas se seguirán cumpliendo de acuerdo con la legalidad vigente”. La noticia, en este caso, habría sido la contraria, es decir, que el Partido Popular anunciara su intención de no cumplir con la legalidad vigente. Pero comprometerse a cumplir con la ley no parece… ¿cómo decirlo?, un compromiso demasiado costoso.
Por último, y en este punto es en el que más se adivina la presión de UPN, señala que el Pacto Antiterrorista no podrá ser sustituido por ningún otro foro o mesa de diálogo “que no recoja el sentir mayoritario de la sociedad española expresado a través de sus legítimos responsables en las Cortes Generales”. Es decir, que el PP se compromete a no sentarse con el PNV a trabajar en un cambio de política penitenciaria, como sí había anunciado el propio Urkullu tras el acuerdo para los Presupuestos.
Y nada más sobre Navarra
Capítulo económico y ETA. No hay más. No hay referencias a la presencia de ikurriñas en las instituciones oficiales, unas de las quejas constantes de UPN. Tampoco se ha arrancado ningún compromiso al Gobierno referido a la protección del castellano en Navarra, que vive, a través de su presidenta Uxue Barkos (Geroa Bai) y de un Gobierno integrado además por EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezquerra, una brutal imposición del euskera, una lengua hablada sólo por el 7% de la población navarra.
Una Comunidad en la que se ha derogado la normativa que impedía subvencionar a editoriales de libros de texto que falsearan la historia. Ahora, miles de escolares estudian mapas literalmente falsos.
Nada sobre eso en el acuerdo UPN-PP. Dos diputados a cambio, eso sí, de una mayor inversión, como recuerdan a La Gaceta desde el partido regionalista.
Son, en total, 2.667,5 millones de euros para los próximos ejercicios, tal como recordaba este martes el presidente del partido, Javier Esparza. El acuerdo alcanzado por UPN con el Gobierno prevé, entre otras cuestiones, inversiones para el tren de alta velocidad, la gratuidad de la AP-15 para viajes en el día y el impulso de medidas que permitirán la creación de 800 empleos en Volkswagen Navarra en cinco años junto con la prejubilación de trabajadores, además de otras partidas para el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (CNTA) de San Adrián o para la construcción de infraestructuras deportivas en distintas localidades navarra.
