La ponencia redactada por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, da su aval al núcleo de la Ley de Amnistía y sostiene que esta norma, pactada por Pedro Sánchez con los partidos separatistas para seguir en el poder, es compatible con la Constitución. Así figura en el borrador que comenzará a debatirse en el Pleno del alto tribunal el próximo 10 de junio.
Aunque estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, la ponencia no cuestiona el perdón generalizado a los implicados en el proceso separatista catalán de 2017, incluyendo el referéndum ilegal del 1-O, las leyes de desconexión y la declaración de independencia. Eso sí, el texto propone anular ciertos aspectos concretos de la ley que el PP impugnó, y plantea «interpretaciones conformes» para encajarla dentro de la Carta Magna.
El documento, que supera las 200 páginas, omite cualquier referencia a la malversación. Según fuentes del propio tribunal, el PP no recurrió esta parte, por lo que la ponencia no se pronuncia. Este silencio es especialmente significativo, dado que el Tribunal Supremo considera que la malversación no puede ser amnistiada, lo que afecta directamente al prófugo Carles Puigdemont, procesado y en rebeldía por este delito.
Montalbán y el equipo de seis letrados que han trabajado durante meses en exclusiva y bajo total sigilo, concluyen que sí existe habilitación constitucional para una amnistía. Así, la ponencia rechaza de plano la anulación total de la Ley Orgánica 1/2024, como pedía el PP.
El gran ausente: la malversación
El borrador tampoco se pronuncia sobre la exclusión de la malversación, el punto más delicado y que afecta directamente a Puigdemont. Aunque este aún no ha presentado su recurso de amparo ante el Constitucional, ya ha anunciado que lo hará tras agotar el trámite de nulidad en el Supremo. Mientras tanto, esta cuestión crucial quedará fuera del primer fallo que el alto tribunal emita sobre los delitos del 1-O.
La decisión adquiere mayor peso político dado que Junts, el partido de Puigdemont, es hoy socio clave del Gobierno de Sánchez. A pesar de que su apoyo fue imprescindible para la investidura, mantiene una relación tirante con el PSOE y se ha negado hasta ahora a respaldar los Presupuestos Generales del Estado.
Por si fuera poco, la Justicia europea podría adelantarse al Constitucional. El TJUE tiene pendiente resolver la cuestión prejudicial elevada en 2024 por el Tribunal de Cuentas, que le consulta si es posible o no amnistiar la malversación relacionada con el procés.
Un respaldo parcial
Las fuentes consultadas señalan que la resolución del Constitucional será previsiblemente una estimación parcial del recurso del PP. Se atenderán algunas impugnaciones de manera subsidiaria, pero en lo sustancial se respaldará la norma con la que Pedro Sánchez se garantizó su reelección.
El 10 de junio, un año después de la entrada en vigor de la ley, arrancará el debate en un TC profundamente dividido. El bloque progresista, mayoritario, previsiblemente apoyará la ponencia de Montalbán. El minoritario, de sensibilidad conservadora, votará en contra y presentará votos particulares. No participarán ni Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, ni José María Macías, exvocal del CGPJ. El equilibrio quedará en seis progresistas frente a cuatro conservadores.
La deliberación del Pleno está marcada para el 10 de junio, mientras que la votación definitiva de la sentencia sobre la amnistía se prevé para el 24 de junio. Será entonces cuando el Tribunal Constitucional dé su veredicto final sobre la norma más controvertida de la legislatura.
