La decisión de tres magistradas —dos de ellas progresistas— y un magistrado de revocar la condena por agresión sexual que pesaba sobre Dani Alves ha provocado una avalancha de reacciones políticas críticas por parte de la izquierda. El fallo, emitido de forma unánime por la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha encendido un intenso debate en el que ministras como María Jesús Montero han llegado a poner en duda la presunción de inocencia.
Uno de los pronunciamientos más combativos llegó por parte de la exministra de Igualdad Irene Montero, quien situó la resolución judicial en el contexto de lo que definió como una «ofensiva contra la libertad sexual» y denunció que ciertos sectores judiciales se sienten «por encima de la ley». A su juicio, la exoneración del exfutbolista pone en evidencia una estructura patriarcal dentro del sistema de justicia que deslegitima el testimonio de las víctimas.
Desde otros ámbitos del Gobierno también se escucharon valoraciones contundentes. La vicepresidenta María Jesús Montero calificó de «vergonzoso» que se anteponga la presunción de inocencia al testimonio de mujeres jóvenes que se atreven a denunciar a personajes influyentes. Su intervención, realizada durante un acto público, fue aplaudida por sus simpatizantes, aunque posteriormente su partido quiso matizar sus palabras, atribuyéndolas a la frustración generada por el fallo.
En contraste con esta oleada de reproches, diversas voces del entorno judicial han salido al paso para defender la rigurosidad del dictamen y han mostrado preocupación por la creciente tendencia a desacreditar decisiones judiciales mediante discursos que consideran más políticos que jurídicos. Algunas fuentes próximas al TSJC lamentan lo que perciben como una presión constante sobre los jueces, especialmente en casos de gran repercusión mediática.
La ponente de la sentencia, María Ángeles Vivas Larruy, cuenta con un perfil profesional vinculado al estudio de la igualdad y ha formado parte de grupos de trabajo sobre género en asociaciones judiciales progresistas. Junto a sus compañeras María Jesús Manzano Messeguer y Roser Bach Fabregó, y al magistrado Manuel Álvarez Rivero, ha suscrito una resolución que desmonta punto por punto la argumentación de la Audiencia de Barcelona, que en primera instancia impuso a Alves una pena de cuatro años y medio de cárcel.
En su análisis, el TSJC detecta fallos relevantes en la evaluación inicial del caso: lagunas en el relato, contradicciones entre los testimonios y una interpretación de la prueba que no alcanza el umbral exigido para desvirtuar la presunción de inocencia. El tribunal considera que la principal prueba, el testimonio de la denunciante, no resulta lo suficientemente sólida como para sostener una condena sin margen de duda razonable.
A pesar de que el fallo fue emitido por una mayoría de juezas —y por perfiles que incluso simpatizan con postulados feministas—, numerosas figuras del activismo y la política de izquierdas lo han tildado de ejemplo de «violencia institucional» o de justicia sin «perspectiva de género». Las redes sociales han sido altavoz de estas críticas, en las que se acusa al sistema judicial de perpetuar lógicas patriarcales.
Sin embargo, el contenido del auto, que supera el centenar de páginas, se detiene con minuciosidad en la revisión de las pruebas: grabaciones de seguridad, informes médicos y testimonios diversos. La conclusión final es que la construcción de los hechos en la primera sentencia estuvo plagada de incoherencias que hacían imposible sostener la culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Desde el propio TSJC, fuentes cercanas afirman que, si bien esperaban reacciones encontradas, se han visto sorprendidos por la intensidad de algunas críticas, que consideran injustas y alejadas de los fundamentos jurídicos. «Confiamos en que el tiempo y la lectura serena del fallo devuelvan el foco al debate técnico y no al ruido político», comentan con cautela.
