El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (VOX), ha anunciado este lunes una rebaja del 58% en el presupuesto de cooperación al desarrollo para 2027 y ha aseverado que «ni un euro» público financiará a entidades que participen en la promoción de la inmigración ilegal.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para detallar las cuentas de su área, ha encuadrado estas medidas dentro de un eje de actuación orientado al «control a la inmigración» mediante el principio de «prioridad nacional».
En concreto, la partida de cooperación al desarrollo bajará de 6,6 a 2,7 millones de euros en el próximo ejercicio para cubrir únicamente «compromisos ya adquiridos». Según ha expuesto Pollán, los casi cuatro millones de euros de diferencia servirán para reforzar las ayudas a la conciliación de las familias castellanas y leonesas.
Asimismo, la cooperación que permanezca priorizará a los países que colaboren con la administración autonómica en el «retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familias».
En materia regulatoria, Pollán ha reiterado que el acceso a los fondos autonómicos se articulará bajo el «principio de prioridad nacional». «Lo concretaremos, dentro de la legalidad vigente, con un periodo mínimo reforzado de arraigo y empadronamiento, y vinculando el acceso a la trayectoria de cotización y permanencia», ha detallado. Asimismo, ha remarcado que la Junta revisará «todas las subvenciones, convenios y conciertos».
«No podemos aceptar que el resultado final de una política migratoria insuficiente sea trasladar permanentemente sus consecuencias a las comunidades autónomas y a las entidades locales», ha expresado, al tiempo que ha defendido sobre los menas que «el interés superior de estos menores es estar en sus países de origen, con sus familias».
