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Elecciones en Andalucía: la continuidad en las políticas socialistas o el inicio del desmantelamiento del sistema autonómico

El líder de VOX, Santiago Abascal, junto a la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona. Twitter

A menos de dos semanas para las elecciones andaluzas hay pocas dudas de que la izquierda sigue sin levantar cabeza, pues la suma de PP y VOX rebasará la mayoría absoluta fijada en 55 diputados. Al margen del número de escaños o un posible sorpasso, lo esencial es si habrá un cambio profundo en la región o continuidad en las políticas socialistas de las últimas cuatro décadas. O levantamiento de alfombras o custodia de la herencia.

Sorprende, sin embargo, que el periodismo ponga más el foco en el reparto de presidencia, vicepresidencia y consejerías de la nueva coalición que en los objetivos de la misma. El próximo Gobierno andaluz -por más que Moreno Bonilla aspire a mandar en solitario- no podrá esquivar el disparatado crecimiento de la administración pública y el clientelismo generado por ella, el paro estructural que sigue castigando a la región con la mayor tasa de España (casi el 20% y un 40% el juvenil), la desindustrialización y las trabas a la creación de empleo, la protección de sectores clave en la región como el campo y la pesca, la baja renta por habitante (17.747 euros frente a los 25.460 de la media española) o la inmigración ilegal que se cuela a través de los casi 1.000 kilómetros de costa que hay entre Ayamonte (Huelva) y la playa de Las Palmeras (Almería).

En un sentido u otro San Telmo abordará todas estas cuestiones y es previsible que, de constituirse el Gobierno entre Moreno y Olona, uno de los choques llegue en política sanitaria. Moreno despidió a 8.000 sanitarios el pasado noviembre y la candidata de VOX lo ha calificado de «vergüenza», pues «la solución no puede ser la atención médica telefónica, eso no es digno para el paciente, que necesita ver a su médico, que le toquen».

No será, por supuesto, la única controversia. La educación es una de las banderas que la izquierda no suelta ni cuando está en la oposición (que se lo digan a José Ignacio Wert). Una especie de pacto no escrito entre PP y PSOE sólo permite al primero gestionar la economía y mantener la cada vez mayor legislación ideológica: leyes educativas, ideología de género, aborto, memoria histórica, etc. Así, no sorprende que el punto 13 suscrito entre PP y VOX en 2018 (“Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”) no se haya aplicado.

Cuatro años después VOX acusa a Moreno de no haber impulsado ninguna iniciativa que garantice acabar con la hegemonía progre en los colegios. El Gobierno ha pospuesto la ejecución de dicha medida poniendo en marcha iPasen, una aplicación meramente informativa que no ofrece la posibilidad a los padres de decidir ni conocer la identidad y la cualificación profesional de las personas que vienen a los centros a realizar actividades didácticas directamente con los alumnos. Es decir, los padres siguen sin poder decidir sobre las actividades complementarias ni conocer la identidad de aquellos que imparten dichas actividades. Ya se sabe: para VOX es una línea roja impedir que las asociaciones LGTBI acudan a las escuelas a dar charlas. 

El punto 6 es de los incumplimientos más flagrantes: “Eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela”. Probablemente sea lo más tóxico de la herencia socialista y una de las grandes decepciones de Moreno. El Gobierno autonómico, tras realizar la auditoría pactada con VOX, trasladó al Parlamento el debate sobre qué hacer con el entramado de empresas y fundaciones heredadas y dejó para la siguiente legislatura la toma de cualquier decisión definitiva. Mientras tanto, el Gobierno votó con Podemos la fusión de esa administración paralela salvando a la macroagencia Trade.

Lo mismo cabe decir del problema de la inmigración ilegal. PP y VOX acordaron «cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas». Sin embargo, Moreno aprobó la ley de la infancia (con el apoyo de PSOE y Podemos) que contempla pagas a los menas hasta los 25 años. Cuando 3.000 ilegales asaltaron la valla de Ceuta en mayo de 2021, VOX exigió a San Telmo que no acogiera a ninguno para no alentar el efecto llamada. Actualmente, Andalucía tutela a casi 3.000 menas en sus centros de acogida.

Hace años que el PP renunció a confrontar con la izquierda en el terreno cultural e ideológico, lo que no le impidió comprometerse con VOX a “eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social”. La realidad es que el Gobierno andaluz ha seguido financiando los llamados ‘chiringuitos ideológicos’. Entre ellos, las asociaciones LGTBI y feministas.

Claro que tampoco ha hecho nada por “promover una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria histórica” (punto 33). Moreno Bonilla ni ha promovido una ley de concordia ni ha derogado la de memoria histórica. 

Desde luego, se han producido otros desencuentros. Uno de ellos por la ley del suelo, que recibió el voto en contra de VOX por incluir contenidos ideológicos como “la perspectiva de género en las actuaciones urbanísticas” sin mencionar ni una vez a las familias. Otra de las fricciones tiene que ver con la decisión de la Junta de Andalucía de no recuperar la deuda de 6,1 millones de CCOO y UGT por la vía penal. Los sindicatos adeudaban esta cantidad por los ingresos generados por las residencias de tiempo libre autonómicas entre los años 2003 y 2006.

En definitiva, la presidencia de Moreno en Andalucía no ha supuesto cambio alguno respecto a la inmigración ilegal, memoria histórica, libertad educativa, ideología de género y la macroestructura de empresas públicas creadas por el PSOE. Por ello el resultado del 19 de junio no será tan importante como lo que suceda después, esto es, si el PP prefiere gobernar con VOX o negociar una abstención del PSOE. Los mensajes lanzados por Moreno (“¿para qué quiero formar un Gobierno y que se rompa a los seis meses?”), Bendodo (“España es un estado plurinacional”) y Feijóo (“el PSOE está dispuesto a gobernar con VOX”) son cada vez más inquietantes para una comunidad que hace cuatro años dijo «no» al PSOE. Ni siquiera cabe descartar un acuerdo entre el bipartidismo, pues Moreno Bonilla ya parece más gallego que el propio Feijóo.

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