La noche del 2 de diciembre de 2018 supuso el fin de la hegemonía socialista en Andalucía. Un inesperado terremoto político acabó con casi cuatro décadas de reinado de un PSOE que era parte del paisaje, una organización a mitad de camino entre el nacionalismo andaluz y el clientelismo político, que aunaba el folclore a la dependencia a una administración que repartía dádivas y empleo público como un maná inagotable. Una estructura cuasi perfecta -a costa del contribuyente- que le permitió gobernar 36 años. A pesar de ser los más votados, los socialistas abandonaban el poder por la suma de escaños de PP (26), CS (21) y VOX (12), que entraba por primera vez en las instituciones como fuerza decisiva para rebasar la mayoría absoluta de 55 escaños necesaria para gobernar. Ninguna encuesta, por cierto, detectó la irrupción del partido de Abascal sin el cual los populares no podían mandar.
Curiosamente -y en contra de quienes advierten de los efectos perniciosos de la división del voto- cuando el PP sólo tenía enfrente al PSOE jamás logró pasar de la consejería de la oposición, tal y como se mofaban los socialistas. Ni siquiera cuando en 2012 todas las encuestas auguraban una mayoría absoluta de Javier Arenas frente a José Antonio Griñán el PP pudo llegar a San Telmo. Tampoco cuando en 2015 Ciudadanos irrumpió con 9 diputados. Sólo lo ha hecho con VOX hace tres años. Gracias, en parte, a otro factor decisivo: la baja participación. El electorado de izquierdas castigó la gestión de Susana Díaz con una altísima abstención del 41,3% (en Sevilla, histórico bastión socialista, la caída fue de 5,4 puntos respecto a las elecciones de 2015) y otra parte yéndose al nuevo partido.
Tres años después y sin nuevos presupuestos para 2022, el presidente Juanma Moreno se ve abocado a adelantar elecciones. Sean en marzo, junio o ya en otoño, es momento de evaluar la gestión del primer gobierno no socialista de la historia de la autonomía andaluza.
El acuerdo de investidura suscrito entre Javier Ortega y Teodoro García Egea el 9 de enero de 2019 incluía 37 puntos. De entre todos ellos, VOX denuncia el incumplimiento de las siguientes medidas:
6. Eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela.
Ha sido una de las grandes promesas de Moreno que tres años después no se ha materializado. El Gobierno autonómico, tras realizar la auditoría pactada con VOX, trasladó al Parlamento el debate sobre qué hacer con el entramado de empresas y fundaciones heredadas de la época socialista, dejando para la siguiente legislatura la toma de cualquier decisión definitiva. Mientras tanto, el Gobierno votó con Podemos la fusión de esa administración paralela salvando a la macroagencia Trade.
9. Eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social.
El Gobierno andaluz ha seguido financiando los llamados ‘chiringuitos ideológicos’. Entre ellos, destacan las asociaciones LGTBI y feministas.
13. Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones.
VOX denuncia que el Ejecutivo de Moreno no ha puesto en marcha ninguna iniciativa que garantice la libertad educativa de los padres para elegir el modelo que deseen para sus hijos. Solo VOX lo ha propuesto tanto en pleno como en comisión distintas Proposiciones No de Ley. Por su parte, el Gobierno ha pospuesto la ejecución de dicha medida poniendo en marcha la aplicación iPasen, una aplicación meramente informativa que no ofrece la posibilidad a los padres de decidir ni conocer la identidad y la cualificación profesional de las personas que vienen a los centros a realizar actividades didácticas directamente con los alumnos. Es decir, los padres siguen sin poder decidir sobre las actividades complementarias ni conocer la identidad de aquellos que imparten dichas actividades.
14. Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo.
El Gobierno de Moreno y Marín no ha presentado iniciativa alguna para contrarrestar la Ley Celaá. VOX presentó una Proposición No de Ley que garantizase la libertad educativa de los padres para poder elegir el centro deseado para sus hijos, como recoge el artículo 27 de la Constitución. El Gobierno votó a favor pero es necesario insistir que desde el Gobierno no han tomado medida alguna estando entre sus competencias, concretamente, desde la Dirección General de Planificación y Centros de la propia Consejería, quien se encarga de la organización de la escolarización del alumnado.
15. Garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada. Habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el Bachillerato Internacional.
El Gobierno andaluz no ha hecho nada al respecto. VOX ha presentado distintas iniciativas que no han sido atendidas. La más reciente, una Proposición No de Ley en pleno.
20. Poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas.
VOX no lo entiende cumplido, pues la ayuda se ha traducido en una única convocatoria de subvención formada por dos líneas, una de un millón de euros dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro para asesoramiento y acompañamiento y otra línea de 500.000 euros destinada a ayuntamientos para proyectos de incorporación de la perspectiva de familia. Un total de 1.500.000 euros. VOX entiende insuficiente destinar 1,5 millones de euros en defensa de la vida y de la familia, de la que, por cierto, no tiene constancia de que los ayuntamientos hayan integrado proyectos con perspectiva de familia, más cuando con la Consejería de Salud ha licitado un nuevo acuerdo marco para la contratación de la interrupción voluntaria del embarazo, adjudicado a fecha de 3/11/2021, por importe de 26 millones de euros.
27. Cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un “efecto llamada” y combatir a las mafias que trafican con personas.
La aprobación de la ley de la infancia (con el apoyo de Podemos y PSOE) contempla pagas a los menas hasta los 25 años. Cuando 3.000 inmigrantes ilegales asaltaron la valla de Ceuta el pasado mes de mayo, VOX exigió al Gobierno de Moreno que no acogiera a ninguno para no alentar el efecto llamada. Finalmente el Gobierno andaluz acogió a 13 menores. En total, Andalucía tutela a más de 2.500 menas en sus centros de acogida.
33. Promover una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria histórica.
Moreno Bonilla ni ha promovido ley de concordia ni ha derogado la ley de memoria histórica de Andalucía. De hecho, no solo no ha cumplido lo acordado, sino que ha seguido las políticas socialistas en materia de memoria histórica.
Desde luego, se han producido otros desencuentros. Uno de ellos por la Ley del Suelo, que recibió el voto en contra de VOX por incluir contenidos ideológicos como “la perspectiva de género en las actuaciones urbanísticas” sin mencionar ni una vez a las familias. Otra de las fricciones tiene que ver con la decisión de la Junta de Andalucía de no recuperar la deuda de 6,1 millones de CCOO y UGT por la vía penal. Los sindicatos adeudaban esta cantidad por los ingresos generados por las residencias de tiempo libre autonómicas entre los años 2003 y 2006.
En definitiva, las diferencias entre VOX y PP se manifiestan en la inmigración ilegal, la macroestructura (empresas públicas) creada durante décadas por el PSOE, la ley de memoria histórica y las subvenciones a asociaciones ideológicas afines a la izquierda.
